BUENOS AIRES, 11 jul (Xinhua) -- El expresidente argentino Alberto Fernández (2019-2023) rechazó hoy viernes la decisión de la Justicia Federal de procesarlo en una investigación sobre presuntas irregularidades en la contratación de seguros del Estado durante su mandato, y atribuyó la medida a su condición de "peronista".
"Ayer la (in) Justicia Federal dispuso mi procesamiento. Ya no me cuestiona un decreto que firmé para poner fin a la cartelización y a los negociados que se hacían con los seguros del Estado. Ahora, repentinamente, se me imputa no haber advertido el 'riesgo' que suponía nombrar como secretaria a la esposa de un productor de seguros", dijo el exmandatario a través de un mensaje que difundió en las redes sociales.
El dirigente peronista (Partido Justicialista) dijo que "la decisión judicial fuerza la interpretación de pruebas con el solo propósito de mantenerme arbitrariamente ligado al proceso".
"Como alguien que cree en la república, aún cuando advierto la enorme crisis que sufren hoy las formas republicanas, seguiré intentando que la Justicia Federal cumpla su función de impartir Justicia y deje de perseguirme por ser peronista para complacer a los medios de comunicación", manifestó el exmandatario.
La Justicia Federal de Argentina dispuso el jueves el procesamiento de Fernández por presuntas irregularidades en la contratación de seguros del Estado durante su mandato, maniobras que habrían redundado en beneficios al esposo de su secretaria privada.
La medida fue adoptada por el juez federal Sebastián Casanello, quien procesó a Fernández bajo la acusación de "negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública".
El artículo 265 del Código Penal del país sudamericano reprime con prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, al funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo.
La norma indica que se aplicará también multa de dos a cinco veces del valor del beneficio indebido pretendido u obtenido.
El juez Casanello dijo en su decisorio que el corredor de seguros Héctor Martínez Sosa, esposo de María Cantero, secretaria privada del exmandatario, fue beneficiado por el decreto 831 del año 2021 que firmó Fernández para que entidades públicas contrataran los servicios de la empresa Nación Seguros.
La pesquisa comenzó ante una denuncia penal de la abogada Silvina Martínez, que pidió se investiguen presuntas irregularidades en torno al decreto presidencial por el que se dispuso que todos los organismos públicos debían contratar los seguros en Nación Seguros, del estatal Banco Nación, medida con la cual, según la denuncia, se habrían beneficiado allegados al exmandatario con comisiones millonarias en su carácter de intermediarios aseguradores.
Fernández ha rechazado las acusaciones en su contra y ha dicho que durante su mandato no hizo "negocios con nadie" y que "lo único" que se llevó del Estado fue "el enorme honor de ser presidente de los argentinos".
El exmandatario se presentó la semana pasada para ampliar su declaración ante el magistrado, ya que la primera vez que brindó testimonio fue en noviembre del año pasado ante otro juez federal, Julián Ercolini, quien tenía la investigación a su cargo y fue recusado por la defensa de Fernández.
