LIMA, 20 jul (Xinhua) -- Perú realiza todos los
esfuerzos para esclarecer los sucesos en las ciudades amazónicas de Bagua y
Utcubamba, ocurridos el pasado 5 de junio, afirmó hoy la cancillería
peruana, subrando que dichas investigaciones se realizan en el marco del
estado de Derecho.
A través de un comunicado, la cancillería peruana
señaló que dichas investigaciones tienen como finalidad principal
esclarecer las circunstancias en las que se produjeron hechos tan graves y
dolorosos como la muerte de de 34 personas: 24 efectivos policiales
(más uno que se encuentra desaparecido), cinco indígenas y cinco
pobladores de Bagua.
Si bien la cancillería indicó que el Estado, a
través de las instituciones competentes, no ha concluido aún las
investigaciones sobre dichos eventos, dijo que la opinión pública debe
sentirse segura que dichas investigaciones se realizan dentro del marco de
la Constitución y las leyes.
En ese sentido, remarcó que Perú realiza todos los
esfuerzos a su alcance para encontrar a cada una de las personas que
participaron en los sucesos de Bagua.
Además, agregó que el gobierno de Perú reafirma su
firme compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos
y con el estado de derecho y su permanente voluntad de diálogo con
todos los sectores involucrados en la temática de los pueblos
indígenas.
El relator de las Naciones Unidas para temas de
Derechos Humanos, Jaime Anaya, visitó Perú entre el 17 y el 19 de junio de
2009 con la finalidad de verificar los sucesos de Bagua acaecidos el
pasado 5 de junio.
La cancillería destacó que el informe de Anaya
desvirtúa las principales acusaciones de las que fue objeto el Estado
luego de los lamentables sucesos y ratifica que en ningún momento existió
genocidio, violación masiva de derechos humanos o que se hubieran
perpetrado desapariciones forzadas.
Indicó que el relator afirma que "no encontró
evidencia concreta ni escuchó testimonios específicos sobre muertos además
de aquellos confirmados, como tampoco recibió evidencia concreta de
la existencia de fosas comunes como se había difundido públicamente".
Señaló que el informe del relator será enviado a las
instancias públicas correspondientes a fin de que sea conocido y estudiado.
El 5 de julio, hubo un enfrentamiento entre policías
y nativos, cuando los primeros intentaban desbloquear una carretera de
penetración a los segundos, terminando en una tragedia.
Los aborígenes demandaban la derogatoria de
leyes que, a su criterio, afectaban sus derechos de propiedad a las tierras
y vulneraban el habitat natural. Dos semanas después
del enfrentamiento, el Congreso abrogó dos de las normas
jurídicas.