TEGUCIGALPA, 20 jul (Xinhua) -- El plazo de 72 horas que solicitó  el presidente costarricense Oscar Arias, designado mediador para  buscar una salida al conflicto en Honduras, es poco esperanzador y  al parecer insuficiente para que la tranquilidad retorne a ese país. 

     Las posiciones se mantienen radicalizadas entre ambas partes en  conflicto, mientras que las protestas y plantones pacíficos en las  calles son constantes desde el golpe de Estado el 28 de junio. 

     El presidente de facto en Honduras, Roberto Micheletti, dijo que  no aceptará presiones de nadie y que no dejará el poder, no obstante  anunció que permitirá la realización de comicios el 29 de noviembre  para la elección de un nuevo gobernante.

     Micheletti explicó que la comunidad internacional no ha querido  entender lo que pasa en Honduras, al señalar que se intentó convocar  a una consulta ilegal en el país para reformar la Constitución. 

     "No tenemos petróleo ni dinero, pero tenemos una enorme voluntad  para sostener la situación de crisis en Honduras", dijo Micheletti a  los empresarios en casa de gobierno este lunes. 

     La comisión que representó a Micheletti en las conversaciones de  San José no están de acuerdo que el depuesto presidente hondureño  Manuel Zelaya retorne al poder, por el contrario, sostienen que si  regresa al país debe presentarse ante los juzgados. 

     La cita del fin de semana en Costa Rica sirvió para calibrar las  posiciones de ambas partes y reiterar lo que se suponía, la  conclusión de un diálogo sin acuerdos. 

     En un documento distribuido en San José, los representantes de  Micheletti mostraron estar de acuerdo con el regreso de Zelaya a  Honduras, "con las garantías necesarias para que pueda ejercer su  derecho al debido proceso ante los órganos jurisdiccionales  competentes del poder judicial" por los delitos de traición a la  patria. 

     Por su parte Zelaya declaró en una entrevista al diario brasileño  "Folha de Sao Paulo", que de llegar a Honduras insistirá en realizar  la consulta popular e instalar una asamblea constituyente, el  detonante para que se produjera el golpe de Estado el 28 de junio. 

     Frente a esta situación, dirigentes políticos y sociales de  Honduras consideran que las 72 horas que solicitó el mediador Oscar  Arias para solucionar el conflicto no cambiará el panorama. 

     La denominada Resistencia Popular Hondureña denunció que aparatos  represores han provocado cuatro asesinatos, 1.158 detenciones  ilegales, acoso y persecución a representantes del movimiento social.  

     Entre tanto, 14 medios de comunicación, 14 periodistas y cuatro  organizaciones sociales han sufrido atentados contra la libertad de  expresión. 

     Pese a esto, la Resistencia Popular Hondureña convocó a una gran  manifestación para el jueves y viernes, con la finalidad de preparar  el recibimiento de Zelaya. 

     El fracaso de la segunda ronda del diálogo entre los delegados  del depuesto mandatario y del nuevo gobernante Micheletti dividió  las opiniones de los hondureños, en torno a la efectividad de ese  mecanismo para poner fin al conflicto. 

     La vicecanciller del nuevo gobierno, Marta Alvarado, descartó que  en el país exista un ambiente de guerra civil, al reaccionar a las  palabras de Arias, quien manifestó su temor de que se desate una  confrontación y "un derramamiento de sangre que no merece el pueblo  hondureño", en caso de no lograr una salida en el diálogo.

     El gobierno de Micheletti anunció sin embargo que seguirá en el  diálogo bajo la mediación de Arias, pese a la falta de acuerdo.

     La presidenta del Parlamento Centroamericano (Parlacen), la  hondureña Gloria Oquelí, dijo que los golpistas no son liberales (el  partido que está en el gobierno), por tanto pidió a la gente seguir  en la resistencia pacífica para decirle "a propios y extraños que  sólo de los hondureños dependen el futuro de Honduras". 

     El candidato presidencial independiente, Carlos H. Reyes, dijo  que "nadie desconoce que detrás de este golpe de Estado estaba  definitivamente buena parte del imperio norteamericano". 

     "Por eso los golpistas se siguen sintiendo fuertes, la propuesta  que hizo el presidente Oscar Arias contiene un primer punto  importante (restitución de Zelaya), pero los demás puntos son la  propuesta que ha venido manejando desde hace algunos días el  departamento de Estado de los Estados Unidos". 

     Desde la madrugada del 28 de junio pasado, día en que se perpetró  el golpe de Estado, la intranquilidad permanece en Honduras. 

     Enfrentamientos entre policías, militares y manifestantes que  favorecen a Zelaya, dejaron un joven muerto el 5 de junio mientras  protestaba frente al aeropuerto Toncontín, Honduras, el día que  Zelaya intentó regresar en un avión del gobierno venezolano. 

     El fin de semana último, manifestantes de ambas partes se  enfrentaron a palos y piedras en Tocoa (Atlántico), en la primera  confrontación de ese tipo desde el inicio de la crisis. 

     Los maestros normalizaron completamente las clases en todo el  país, pero afirmaron que sólo asistirán tres días de la semana y el  resto lo dedicarán a participar en protestar para que Zelaya retorne  al poder. 

     El gobierno golpista se reunió este lunes en la Casa Presidencial  con empresarios, con representantes de la sociedad civil y con  representantes de derechos humanos en para informar que no cederán a  presiones y que seguirán gobernando. 

     También anunció la realización de un diálogo convocado por el ex  ministro de la Secretaría de Trabajo, German Leitzelar, para lograr  la tranquilidad interna, mantener bajos los precios de los productos  alimenticios y resistir la presión internacional en los meses que  faltan para que Micheletti entregue el poder el 27 de enero de 2010.