LIMA, 20 jul (Xinhua) -- La Sala Penal Especial (SPE) de la Corte  Suprema de Justicia (CSJ) de Perú condenó hoy a siete años y seis  meses de prisión al depuesto mandatario Alberto Fujimori (1990-2000),  por el delito de soborno. 

     El ex presidente fue encontrado culpable por el pago irregular de  52,5 millones de nuevos soles (15 millones de dólares) a su asesor y  jefe virtual del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Vladimiro  Montesinos, durante su gobierno.  

     El tribunal también fijó un pago de reparación civil a favor del  Estado de tres millones de nuevos soles (un millón de dólares).  

     Después de casi dos horas de lectura de los fundamentos y sin  hacer referencia a los antecedentes, la defensa del ex mandatario  apeló la sentencia al presentar un recurso de nulidad, sin embargo  la fiscalía expresó su conformidad, a pesar de que había solicitado  ocho años de prisión.  

     La cuarta y última audiencia de este proceso empezsó el pasado  lunes 13 de julio en una sala de de la Dirección Nacional de  Operaciones Especiales (Dinoes) de la Policía Nacional del Perú (PNP) , a siete kilómetros al este de Lima. 

     Al comienzo de la audiencia el presidente del tribunal, César San  Martín, aclaró que en la emisión del fallo, tras escuchar al  Ministerio Público y a la defensa, no se guió por intereses  políticos.  

     "La sentencia jurídica no es política (...) no existe ningún  cálculo político a la decisión que se expide y se basa en los hechos  (...) Las valoraciones son de nuestra responsabilidad y están  encuendradas dentro de la Constitución del Estado y las leyes",  afirmó San Martín, previo a la lectura de los fundamentos y de la  sentencia.  

     Fujimori fue acusado por la fiscalía de peculado y falsedad  ideológica, para lo cual se solicitó una pena de ocho años de  prisión y un pago de dos millones de nuevos soles de reparación  civil (650.000 dólares). 

     El procurador del Estado había demandado una reparación de 99  millones de dólares, incluidos los intereses devengados desde  septiembre de 2000, cunado se configuró el delito.  

     Al depuesto gobernante se le acusó de tomar fondos del erario  (peculado) y desviarlos (falsedad ideológica), supuestamente  destinados al Ministerio de Defensa para poner en marcha el  operativo "Soberanía", frente a presuntas incursiones de la  guerrilla colombiana de las FARC en territorio peruano, en la  frontera amazónica con Colombia. 

     Sin embargo, el dinero era para pagarle una compensación por  tiempo de servicios, a razón de 1,5 millones dólares por cada año, a  su entonces asesor. 

     El pago se realizó el 22 de septiembre de 2000, ocho días antes  de que saliera a la luz un primer video con imágenes de corrupción,  en la cual Montesinos virtualmente compraba a un legislador opositor  para integrarlo a la bancada fujimorista. 

     El pasado 13 de junio Fujimori, al inicio del proceso, aceptó los  hechos ilícitos, pero no la responsabilidad penal ni tampoco el pago  de la reparación civil, al argumentar que el adeudo fiscal originado  por el pago a Montesinos fue devuelto 42 días después al erario. 

     El ex presidente se acogió también a la figura de la conclusión  anticipada en este caso, lo que permitió la abreviación del juicio,  con lo cual se evitó el desfile de testigos y desentrañar el  misterio de dónde salieron los millones devueltos y de otros casos  de corrupción. 

     El últimos viernes, en su autoalegato, tras las intervenciones  del Ministerio Público y de su abogado defensor, Fujimori trató de  justificar el pago a Montesinos al señalar que lo hizo obligado  porque el jefe del SIN y los oficiales de la cúpula militar  preparaban un golpe de Estado y con esa suma "desactivó" el intento  antidemocrático. 

     Fujimori sin embargo no aclaró de dónde salió el dinero para  devolverlo al Estado. 

     El ex gobernante dijo que lo encontró en uno de los ambientes del  SIN, donde trabajaba Montesinos, el 2 de noviembre de 2000,  coincidentemente en la fecha cuando la fiscalía de Suiza, a través  del embajador suizo en Lima, oficializaba que Montesinos tenía  cuentas dudosas en la banca de ese país europeo.  

     Después de este juicio, Fujimori afrontará otros tres más, en uno  solo, por los casos denominados Interceptación Telefónica (chuponeo),  Congresistas Tránsfugas y Cable Canal de Noticias (CCN). 

     El ex mandatario fue sentenciado en abril pasado a 25 años de  prisión por violaciones a los derechos humanos en los casos  denominados Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), en los cuales  fueron asesinados 25 civiles, entre ellos un menor de edad, y el  secuestro y tortura a un periodista y un empresario. 

     Antes fue condenado a seis años de cárcel por el allanamiento  ilegal a la vivienda de la esposa de Montesinos, Trinidad Becerra.  

     De acuerdo con la legislación peruana, las sentencias  condenatorias no son acumulables, por lo cual rige para el reo la  pena de mayor tiempo de cárcel.