MEXICO, 20 jul (Xinhua) -- Los empresarios de la Confederación  Patronal de la República Mexicana (Coparmex) demandaron hoy al  gobierno la creación de una ley federal antisecuestros y homologar  los códigos penales del país. 

     El dirigente empresarial Ricardo González Sada apuntó que urge  independizar y profesionalizar al Ministerio Público, de tal manera  que permita cumplir los compromisos que se establecen en la reforma  judicial de 2007 y en los tiempos estipulados. 

     La lucha del gobierno contra las organizaciones criminales, desde  que asumió su mandato el presidente Felipe Calderón, no parece  inclinarse hacia nadie, toda vez que hay ejecuciones,  enfrentamientos, decomisos de armas, dinero, droga y delincuentes,  pero la violencia no desaparece, dijo el empresario. 

     González Sada señaló que convendría revisar la estrategia contra  el narcotráfico, y de ninguna manera retroceder en su combate o  buscar una salida fácil, como sería pactar con los cárteles en una  aparente tregua. 

     Dijo que se han dado avances en la lucha contra las  organizaciones criminales, ya que ha habido muchas detenciones y  aseguramientos, pero, por otra parte, también se siguen cometiendo  secuestros y extorsiones, lo que orilla a muchas personas a buscar  otros sitios para vivir, incluso, fuera del país. 

     El dirigente apuntó que el sistema judicial actual no ha podido  resolver la lucha contra las bandas y se muestra incapaz. Dijo que  es positivo para la seguridad nacional depurar los cuerpos  policiales. 

     En un momento se refirió al asesinato de dos mormones en el  estado de Chihuahua, norte de México, y dijo que esa comunidad está  indefensa ante el crimen organizado pero es valiente para  enfrentarlo, además de que es un ejemplo para promover la denuncia. 

     El empresario hizo un llamado a toda la ciudadanía para que, en  corresponsabilidad con las acciones que emprende el gobierno para  atacar a las organizaciones, respalden el trabajo que hacen las  autoridades con el fin de garantizar seguridad, legalidad y justicia  para 103 millones de mexicanos.