Por Omar Mendoza 

     SANTIAGO, 16 jul (Xinhua) -- El gobierno y los parlamentarios  progresistas chilenos propinaron una derrota a diputados  conservadores y a la Iglesia Católica, al aprobarse en la Cámara de  Diputados, por 73 votos a favor, 34 en contra y dos abstenciones, la  distribución gratuita de la "píldora del día después". 

     Esa entrega a mujeres de bajos recursos se había realizado hasta  hace unos meses en hospitales y centros de salud públicos, pero  debió detenerse al aceptar el Tribunal Constitucional una demanda de  un grupo de 35 diputados derechistas, que están en contra el aborto  y el uso de anticonceptivos. 

     El gobierno la había estado distribuyendo sin costo a mujeres que  habían sido violadas y a otras que necesitaban interrumpir el  embarazo. 

     La píldora se vende en farmacias, pero por su alto precio  solamente pueden tener acceso las familias de clase media y alta, lo  que implica una discriminación para la gente pobre, y éste fue el  principal argumento contenido en el proyecto de ley sobre  "Información, orientación y prestaciones en materia de regulación de  la fertilidad". 

     El ministro de Salud, Alvaro Erazo, dijo que donde todos los  sectores pudieron exponer sus argumentos "valóricos, de conciencia y  científicos" y donde se impuso, "como ha ocurrido siempre en el  sistema de salud chileno en políticas materno-infantiles (...) un  principio fundamental: el derecho y la protección de las personas". 

     Los conservadores argumentaban, pero sin pruebas científicas, que  "la píldora del día después" es abortiva. La Organización Mundial de  la Salud ha declarado que los estudios realizados demuestran lo  contrario. 

     Este tema es muy sensible en Chile por la influencia de la  iglesia católica y se incorporó al debate en la actual campaña  electoral para los comicios de diciembre próximo. Previendo que  podría restarle votos en los sectores populares, el candidato  presidencial de la derecha, el empresario Sebastián Piñera, accedió  a aprobar el proyecto del gobierno. 

     La mayoría de los legisladores de su partido, Renovación Nacional  (RN), votó a favor, y un pequeño grupo del otro partido derechista,  la Unión Demócrata Independiente (UDI) también lo respaldó, algo  inédito en el país. 

     El caso más emblemático fue el de la diputada de RN, Karla  Rubilar, porque durante el debate dijo enfática: "soy diputada de RN,  soy médico y receto la píldora del día después", generando una  serie de incidentes del público que le gritó a coro "asesina,  asesina". 

     "Perdimos una batalla, pero no la guerra", comentó el diputado de  UDI, José Antonio Kast, a una veintena de manifestantes en las  afueras del Congreso, que respondían gritándole:"Idolo, ídolo". 

     Señaló que piensan acudir de nuevo al Tribunal Constitucional  para echar atrás el proyecto. 

     La iniciativa legal busca fortalecer la capacidad de mujeres y  hombres para vivir su sexualidad de manera sana y plena, promoviendo  que éstos tomen sus decisiones de manera libre, informada y  responsable. Para ello, establece que deben contar con la  información, la orientación, educación y servicios de apoyo  necesarios, adaptadas a las distintas edades y situaciones de vida. 

     El proyecto de ley, que ahora pasará al senado, pone a  disposición de la población todas las alternativas de regulación de  la fertilidad, de manera que cada persona pueda decidir en forma  libre, informada y responsable según sus valores, creencias y  opiniones sobre el método de regulación que le parezca más apropiado,  sin discriminación de edad, creencia, ni raza, ni ninguna otra  condición. 

     Además, garantiza la protección y el acompañamiento social, con  presencia del Estado cuando existan situaciones de riesgo inminente  en el ejercicio de cualquier sexualidad, de manera de prevenir una  gestación no planificada, infecciones de transmisión sexual, o daños  afectivos, psicológicos o sociales derivados de este ejercicio no  planificado. 

     El gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, cuyo sello son  las políticas sociales, busca con este proyecto resolver una  inequidad social evidente, ante la imposibilidad de la población  pobre que usa del sector público de salud, de acceder a todos los  métodos anticonceptivos modernos disponibles en el país. 

     Si bien en Chile ha existido una tradición en torno a la  responsabilidad del Estado en orden a promover una buena salud y el  bienestar de la familia, en particular de las que se encuentran en  condiciones de mayor riesgo social, los sectores conservadores  intentan imponer sus ideas a toda la población. 

     Ahora queda otra batalla en el congreso, pero se da por seguro  que la nueva ley será aprobada porque la derecha no desea correr el  riesgo de perder votos en una elección que se vislumbra muy reñida y  donde Piñera, quien lidera las encuestas, podría convertirse en el  primer presidente electo de ese sector en los últimos 51 años.