SANTIAGO, 14 jul (Xinhua) -- El gobierno de Chile aspira a que el  país ingrese a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo  Económico (OCDE) antes de que finalice el mandato de la presidenta  Michelle Bachelet, el 11 de marzo del año entrante. 

     De momento, sólo faltan cuatro rubros para que la OCDE esté en  condiciones de aceptar su ingreso: los gobiernos corporativos, la  responsabilidad de las empresas en ciertos delitos económicos, los  convenios sobre información tributaria y la institucionalidad  ambiental, proyectos de ley que se debaten en el Congreso. 

     La cancillería y el ministerio de Hacienda son los encargados de  acelerar los trámites para ese objetivo, que colocaría a Chile entre  las 30 naciones consideradas más ricas y desarrolladas del mundo. 

     El ministro de Hacienda, Andrés Velasco, ha reiterado que espera  que Chile sea parte de ese bloque a fines de este año o principios  del próximo, lo que implicaría que lleguen fondos de inversión de  los países ricos de Europa o de Estados Unidos, que sólo se pueden  invertir en países que tienen el sello "OCDE". 

     La entidad, cuyo objetivo es coordinar políticas económicas y  sociales, tiene estándares muy exigentes respecto del desarrollo  financiero, la salud, la educación, el transporte y el comercio  exterior, exigencias técnicas que Chile está intentando cumplir. 

     Integran la OCDE Australia, Austria, Bélgica, Canadá, República  Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría,  Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Corea del Sur, Luxemburgo, México,  Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia,  España, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos. 

     Con su entrada a la OCDE, el país sudamericano se convertiría en  una privilegiada plaza de negocios y elevaría sus estándares  institucional, legislativo, presupuestario y de transparencia en las  políticas públicas. 

     El hecho de que sea elegible para participar en esa institución  indica ya el grado de desarrollo relativo que ha alcanzado Chile y  la seriedad de sus políticas económicas y sociales. Estas últimas  han sido el sello del gobierno de Bachelet, quien ha establecido un  "sistema de protección social". 

     Llegar a ser parte de la comunidad OCDE es un mérito que el  gobierno aspira a tener y, muy especialmente, Hacienda, dado que  muchos de sus departamentos han debido reestructurarse de acuerdo  con las normas internacionales exigidas para entrar a la  organización. 

     Ingresar al selecto club no sólo tiene un reconocimiento  internacional, sino que acarrea beneficios concretos para el país  integrante. Hay muchas inversiones que no pueden arribar a Chile  porque no es miembro de dicho referente internacional. 

     Una vez que la OCDE certifica que el país sigue las normas  conocidas y acatadas por las empresas que operan en los países  desarrollados, se abren muchas oportunidades que hacen una enorme  diferencia en las economías locales. 

     Desde 1997, Chile tiene representación en la embajada de la OCDE  en París. La pertenencia al organismo implicará obligaciones de una  serie de recomendaciones, cuya implementación será evaluada por la  entidad en dos etapas: la primera como leyes y reglamentos, y la  segunda, en su aplicación práctica. 

     Ser miembro de la OCDE implica producir parámetros comunes en la  generación de datos que miden las políticas públicas de los países,  pero también códigos idénticos en el desempeño privado. 

     Para ello, Chile ha debido perfeccionar los indicadores de  democracia, gobernabilidad y estabilidad económica. Asimismo, ha  realizado ajustes en materias tributarias, medio ambientales, de  información pública, entre otras, para responder al desafío de estar  en el "club de los ricos".