SANTIAGO, 10 jul (Xinhua) -- El Ministerio de
Agricultura de Chile trabaja en la elaboración de la huella de carbono de
sus principales productos agropecuarios de exportación, como uva de
mesa, vinos y quesos.
Este estudio obedece a la nueva exigencia de los
países desarrollados, consistente en mostrar la trazabilidad de la huella
de carbono de las exportaciones chilenas, lo que, al mismo tiempo,
contribuye a la competitividad de sus productos en el extranjero.
Según definición del Parlamento Europeo, la
trazabilidad consiste e seguir el rastro, a través de las etapas de
producción, transformación y distribución, de un alimento (para uso humano
o animal) o una sustancia destinada a ser incorporada en alimentos.
Así, la trazabilidad o "rastreabilidad" permite
seguir la ruta de un producto, sus componentes, materias primas e
información asociada, desde su origen hasta el punto de destino final o
viceversa, a través de toda la cadena de abastecimiento.
El estudio fue encargado por la Fundación para
Innovación Agraria (FIA) al Instituto de Investigaciones Agropecuarias
(INIA), el cual cuenta con la colaboración de la Asociación de
Exportadores y otras 15 entidades asociadas.
La idea es definir una metodología que sea
compatible con exigencias que se están generando desde los países de la
Unión Europea (UE), que son destino de las exportaciones de los productos
agrícolas.
Chile y la UE mantienen vigente un tratado de libre
comercio. Francia ya aprobó una normativa sobre la huella de carbono, y se
espera que otras economías importantes también la adopten, sin
consultar instancias multilaterales.
Al parecer, la agricultura ha sido el sector
escogido para iniciar la trazabilidad de la huella de carbono porque en
sus productos se producirían alteraciones en el ciclo hidrológico.
El ex presidente Ricardo Lagos, enviado especial de
las Naciones para el Cambio Climático, había advertido sobre la necesidad
de comenzar a especificar en las etiquetas de los productos la
trazabilidad de la huella de carbono porque pronto será una
exigencia para su competitividad en los mercados extranjeros.
A partir del primero de enero de 2011 empezará a
regir en Francia la ley Grenelle 2, la cual regulará la huella de carbono
en las importaciones de alimentos y sus derivados, y los exportadores
deberán informar sobre las emisiones de gas de efecto invernadero
(GEI) que generó su elaboración y transporte.
En Gran Bretaña, algunas cadenas de supermercados,
como Tesco, ya expresaron su interés en fomentar el uso de etiquetas que
informen sobre la huella de carbono de los productos que
comercializan.
En Estados Unidos, el Congreso se está discutiendo
una iniciativa similar que se aplicaría a partir del año 2020.
En medio de los preparativos para la conferencia
mundial sobre cambio climático, que se desarrollará en Copenhague a fin de
año, esta señal de Francia adquiere importancia porque todo indica que
los mercados internacionales seguirán sus pasos, a fin de regular de
distintas formas el tema de la trazabilidad.
Al respecto, Lagos señaló en un seminario reciente
que, si no hay acuerdo en Copenhague, los países desarrollados de todas
formas harían sus propios compromisos en este tema, lo que implicaría que
a las transacciones comerciales se les exigiría la trazabilidad de la
huella de carbono.
Según los expertos, para definir qué tan carbónico
es un producto hay tres elementos que lo definen: cómo se produjo; cuáles
son las fuentes de energía que se utilizaron, y el transporte terrestre,
marítimo o aéreo.
Para los próximos años, Chile ha proyectado aumentar
la generación eléctrica a base de carbón, lo que necesariamente
aumentaría la huella de carbono en los productos agrícolas.
Hasta el momento, la estatal Comisión Nacional del
Medio Ambiente no ha emitido una normativa sobre relacionada la huella de
carbono, y esta práctica sólo ha sido adoptada por algunas empresas
privadas, como una ventaja competitiva.
La exigencia de la huella de carbono será
un requisitito que poco a poco los países desarrollados impondrán a
los países emergentes, obligándolos a mayores gastos y controles
más exigentes, después que han sido los causantes problemas del
cambio climático en el planeta.