MANAGUA, 7 jul (Xinhua) -- El gobernante Frente Sandinista de  Liberación Nacional (FSLN) de Nicaragua impulsa las reformas  constitucionales para establecer un sistema parlamentario o la  reelección presidencial continua, aunque en las negociaciones aún no  hay consenso. 

     El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, pretende modificar la  Carta Magna o instaurar el sistema parlamentario en el país  centroamericano, mientras que el derechista Partido Liberal  Constitucionalista (PLC) plantea reformas a la Ley Electoral. 

     Ortega, también secretario general del FSLN, busca convencer a  los diputados opositores, de cualquier forma, para conseguir los 56  votos necesarios que le posibiliten hacer las modificaciones. 

     Para conseguirlo, el mandatario necesitará del respaldo de la  corriente política respaldada por el ex presidente y líder del PLC,  Arnoldo Alemán, quien propugna una reforma electoral para evitar el  control sandinista en el Consejo Supremo Electoral (CSE), a través  de la creación del Instituto Electoral autónomo. 

     Nicaragua tiene actualmente un sistema presidencialista, y de ser  cambiado al parlamentario, se crearía la figura del primer ministro,  aunque permanecerá la del presidente. 

     La idea sandinista es darle todo el poder a la Asamblea Nacional  (Congreso).  

     En Nicaragua se llevan a cabo negociaciones políticas con el fin  de conseguir los 56 votos en la Asamblea Nacional suficientes para  enmendar la Carta Magna, aunque los diputados opositores rechazan  apoyar la propuesta. 

     Los planes del FSLN son tratar de aprobar las reformas  constitucionales en el segundo semestre de 2009, para ratificarlas  en enero de 2010, aunque para ello no logra todavía el consenso  entre las bancadas legislativas. 

     Se oponen a las reformas constitucionales para la reelección  presidencial o de la instauración del sistema parlamentario el PLC,  el Movimiento Vamos con Eduardo (MVE, derecha), el Movimiento  Renovador Sandinista (MRS, izquierda). 

     Entre los que apoyan al sandinismo se encuentran unos nueve  diputados derechistas de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y  algunos "independientes", aunque no logran llegar a los 56 votos  necesarios, y solo alcanzan los 47 para hacer quórum en el  Parlamento. 

     Las voces disonantes con los planes del FSLN de realizar una  enmienda a la Carta Magna señalan que Ortega trata de presionarlos  políticamente con la apertura de procesos judiciales. 

     Uno de esos casos es el de los Certificados Negociables de  Inversión (CENIS), donde unas 39 personas, entre ex funcionarios y  diputados actuales, del PLC y del MVE, son acusados por la fiscalía  de delitos contra el patrimonio del Estado. 

     Los CENIS son autorizados por el ex presidente Alemán, quien no  aparece en la acusación de la fiscalía del Ministerio Público, y se  emiten para cubrir la quiebra de varios bancos por más de 500  millones de dólares, entre 2000 y 2001. 

     Entre los 39 acusados por la fiscalía del Ministerio Público  sobresalen el presidente del MVE y ex ministro de Hacienda, Eduardo  Montealegre, y el diputado del Parlamento Centroamericano (PARLACEN),  del PLC, y ex presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Noél  Ramírez. 

     Montealegre alega que ese caso de los CENIS es un juicio político  porque él no autoriza su emisión sino que es el ex presidente Alemán,  mientras Ramírez señala que los títulos los emite correctamente el  gobierno sin ninguna anomalía. 

     El ex presidente Alemán también es señalado por personeros  judiciales y el procurador general del país, Hernan Estrada, de  tener cuatro juicios pendientes. 

     Según los cálculos políticos de los opositores, Ortega "presiona"  a Montealegre, Ramírez y Alemán, con los juicios, para que los tres  lo respalden con los diputados de sus bancadas legislativas, a fin  de completar los 56 votos, con lo cual se aprobaría la reforma  parcial a la Carta Magna. 

     Sin embargo, las cartas están sobre la mesa de las negociaciones  políticas, aunque el FSLN, el PLC y el MVE, tengan sus propias  propuestas de cómo se debe de proceder en Nicaragua para consolidar  la democracia. 

     Una parte de la llamada sociedad civil, en la oposición al  gobierno de Ortega, también ha lanzado su propuesta de reformar la  Ley Electoral con la creación de un CSE más independiente, y  sometido a la observación internacional. 

     El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rafael  Solís, y el jefe de la bancada sandinista, Edwin Castro, revelan que  para el cambio de sistema presidencialista al parlamentarista se  requerirá reformar la estructura de los poderes Ejecutivo y  Legislativo, a fin de crear la nueva figura del primer ministro. 

     La propuesta planteada por Solís y Castro establece que el primer  ministro sería propuesto por el presidente, y ratificado con el 60  por ciento de los votos de los diputados del Parlamento nicaragüense.  

     Esa idea dada a conocer es contraria al modelo europeo, porque  las funciones del primer ministro en Nicaragua serían las de vigilar  el orden socioeconómico del país, y además propondría al presidente  para que sean ratificados por el Parlamento, a los titulares de  ministerios y embajadas. 

     Mientras, el presidente de Nicaragua se encargaría de las  relaciones internacionales, sería el máximo jefe de la Policía  Nacional y el Ejército de Nicaragua (EN), seguiría poseyendo  instrumentos de gobierno como la presentación de iniciativas de  leyes al Parlamento, y el veto. 

     El presidente en el sistema parlamentario podrá ser candidato a la  primer magistratura del país de manera indefinida, y obtendría el  cargo con la mayoría relativa de los votos, y controlaría al primer  ministro, aunque legalmente el mandatario no le rendiría cuenta de  sus actos a nadie. 

     Mientras, la propuesta del PLC se limita a reformar la Ley  Electoral cuando establece crear un Instituto Electoral, adscrito al  CSE, para que hayan elecciones confiables y transparentes, y se  encargue del registro civil de las personas, la cedulación ciudadana  y el Padrón Electoral. 

     Además propone el PLC que no se deben reelegir los actuales  magistrados del CSE, y se elijan personas independientes, y se  establezca la observación nacional e internacional en las elecciones  del país. 

     Por su parte, el MVE propone junto al Partido Liberal  Independiente (PLI, derecha), que el CSE sea integrado por personas  sin sumisión a algún partido político del país, y de entrada,  rechaza aprobar reformas constitucionales para establecer la  reelección presidencial o el sistema parlamentario. 

     Según la idea del MVE, los nuevos funcionarios del CSE deben de  ser propuestos por la sociedad civil para que el Parlamento los  designe con 56 votos y en una sola legislatura.  

     Recientemente, el magistrado Solís advirtió a los opositores  políticos que si no respaldan las enmiendas constitucionales para  establecer la reelección presidencial, el FSLN estaría barajando la  posibilidad de nombrar candidata presidencial en las elecciones  presidenciales del 2011, a la primera Dama, Rosario Murillo, ante la  imposibilidad de Ortega de reelegirse en el cargo. 

     Aunque el ex presidente Alemán también no se queda atrás, cuando  señala que él está pensando en postular a su esposa y ex primera  Dama, María Flores, por ser una mujer inteligente y de carisma en  las bases liberales. 

     De acuerdo con analistas, Alemán ya ha anunciado su intención de  proclamarse candidato presidencial del PLC en 2011, pero propondría  a su esposa porque teme ser llevado nuevamente a la cárcel Modelo,  del central municipio de Tipitapa, en el caso de ser procesado por  juicios de corrupción pendientes si se niega a respaldar las  reformas constitucionales impulsadas por el FSLN.