MEXICO, 4 jul (Xinhua) -- Tras una semana de consultas y  deliberaciones por parte de los grupos regionales para resolver la crisis política en Honduras, la situación en el país  centroamericano sigue siendo incierta. La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Patricia Espinosa, anunció hoy que se  presentará el asunto en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).  

     ZELAYA ABANDONA PRETENSIONES DE REELECCION Y MICHELETTI  ANUNCIA RETIRO DE LA OEA 

     El 28 de junio, comandos del ejército hondureño capturaron al  presidente Manuel Zelaya en su domicilio y lo expulsaron del país  en un avión dirigido a Costa Rica. El Parlamento de Honduras  destituyó a Zelaya y eligió al presidente del Congreso, Roberto  Micheletti, como nuevo presidente del país, al considerar que  Zelaya trataba de organizar una consulta popular con vistas a una  reforma constitucional que le abriría el camino hacia la  reelección, acción que tanto el Parlamento como el Tribunal  Supremo del país habían declarado ilegal.  

     Los organismos regionales latinoamericanos reaccionaron  rápidamente ante el golpe de Estado en Honduras y adoptaron una  serie de medidas destinadas a poner fin a la crisis política  desatada en el país centroamericano. Como resultado de las activas gestiones, Zelaya anunció el 30 de junio que no aspiraría a la  reelección presidencial al término de su mandato, el 27 de enero  de 2010. 

     Pese a todo esto, Zelaya insiste en regresar al país el  domingo. El gobierno interino de Honduras, mientras tanto,  mantiene una posición intransigente, y el sábado anunció su  retirada de la Organización de Estados Americanos (OEA).  

     El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, dijo  que aquéllos que habían vulnerado el orden constitucional en  Honduras no tenían ninguna intención de volver a la situación  anterior, y advirtió de la gran tensión que existe actualmente en  el país centroamericano.  

     DUDAS SOBRE LAS POSIBILIDADES DE RESTITUCION DE ZELAYA 

     Dada la situación política actual en Honduras, continúa siendo  una incógnita si Zelaya concretará o no su anunciado plan de  regresar al país. 

     Por un lado, el gobierno interino hondureño se enfrenta a una  enorme presión de la comunidad internacional, que ha expresado su  enérgico y unánime rechazo a la expulsión del presidente  constitucional por parte de las fuerzas armadas.  

     Además, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos financieros internacionales han adoptado  medidas respecto a Honduras, como el congelamiento de la ayuda  financiera al país. El gobierno del presidente venezolano Hugo  Chávez llegó a anunciar la suspensión del suministro del petróleo  a Honduras en protesta contra la destitución ilegal de Zelaya. 

     Países vecinos han anunciado el cierre de sus fronteras con  Honduras, suspendiendo de facto el intercambio comercial, medida  que ha asestado un fuerte golpe al país en lo económico, comercial, financiero y energético. 

     Estados Unidos, estrecho aliado de Honduras, dispone de una  base militar en el país centroamericano y tiene acantonados a  muchos efectivos. A raíz del golpe de Estado, el gobierno  estadounidense ordenó la suspensión de todo tipo de cooperación  militar con Honduras, dejando sin "asistencia militar extranjera"  al gobierno interino hondureño. 

     El gobierno interino de Micheletti declaró un toque de queda en el país inmediatamente después de asumir el poder. Además, detuvo  a Rodolfo Padilla Sunseri, fiel apoyo de Zelaya y alcalde de la  ciudad de San Pedro Sula, capital industrial y económica de  Honduras, por cargos de corrupción, con el propósito de evitar  conflictos sociales de gran envergadura. 

     Sin embargo, Zelaya, quien aplicaba una política que  beneficiaba al estrato social de bajos ingresos, aún cuenta con  ciertos apoyos entre ese sector. Sus seguidores y simpatizantes  han reaccionado con manifestaciones callejeras, demandando la  restitución de Zelaya y desafiando al ejército y a la polícia. El  posible enfrentamiento entre los dos bandos conduciría a una  situación de inestabilidad y disturbio social el el país. 

     Por otro lado, el regreso del exiliado Zelaya, quien enfrenta  cargos de corrupción por parte de órganos legislativos y  judiciales hondureños, supondría su detención, razón por la cual  se duda sobre la viabilidad del plan de retorno del presidente  depuesto.  

     En sus más de tres años de gobierno, Zelaya ha mantenido una  confrontación con empresarios, dueños de medios de comunicación,  periodistas y políticos, incluso de su mismo partido, el  conservador Partido Liberal. 

     Los analistas han señalado que la insistencia de Zelaya por  regresar al país para ser restituido en el poder supone el rechazo a todas la resoluciones aprobadas por el Congreso, el Tribunal  Supremo, la Fiscalía, el ejército y el gobierno interino desde el  28 de junio.  

     Analizando la posiciones de las dos partes, por el momento no  se vislumbra una restitución de Zelaya a corto plazo. 

     Aun en el caso de que el gobierno interino hondureño  permitiese el regreso de Zelaya al país, comprometiéndose a  garantizar su seguridad personal, Zelaya, que seguramente  pretenderá volver al poder, no se contentará con una vida civil y  liderará una campaña no violenta o incluso violenta para alcanzar  sus objetivos políticos, que supondrá una presión para el gobierno interno. 

     Teniendo en cuenta el estancamiento político en el que se  encuentran las dos partes, la solución definitiva de la crisis  política en Honduras llevará un tiempo. 

     Los analistas coinciden en señalar que la comunidad  internacional no está apoyando a Zelaya en sí ni su pretensión de  llevar a cabo una consulta popular que le abra el camino hacia la  reelección presidencial, sino el orden constitucional en Honduras. El rechazo de la comunidad internacional tampoco se dirige a la  propuesta política de los opositores de Zelaya, sino a los medios  radicales que se han utilizado para derrocar al mandatario. 

     El gobierno interino hondureño que encabeza el ex presidente  del Congreso Roberto Micheletti ha asegurado que entregará el  poder en enero del próximo año al vencedor de las elecciones y que incluso estaría dispuesto a adelantar los comicios para salir de  la crisis. 

     Resolver la crisis política en Honduras exige regresar al orden constitucional para que el presidente exiliado y el gobierno  interino inicien negociaciones de paz dentro del marco  constitucional, a fin de lograr una solución aceptable para las  dos partes y evitar una intervención militar internacional y,  asimismo, el estallido de una guerra civil en el país. 

     Una solución por medios pacíficos responde a la necesidad de la actual corriente democrática y, para el pueblo hondureño,  constituye la mejor salida para poner fin a la crisis política en  la nación centroamericana.