RIO DE JANEIRO, 28 jun (Xinhua) -- El presidente de Brasil, Luiz  Inácio Lula da Silva, promulgó esta semana la ley 458 que establece  reglas para la regularización de tierras públicas ocupadas por  particulares en la Amazonia. 

     En principio, la nueva ley establece que las personas que ocupan  hasta 100 hectáreas las recibirán en propiedad de manera gratuita,  mientras que aquellas propiedades de 100 a 400 hectáreas deberán  pagar un precio simbólico para ser regularizadas. 

     Las tierras de 400 a 1.500 hectáreas tendrán que ser pagadas al  estado al precio de mercado, para que su titulación pueda ser  regularizada.  

     En todos los casos, esas propiedades no podrán ser vendidas  durante los tres años siguientes a la regularización. 

     En su tramitación en el Congreso, el proyecto original del  Ejecutivo recibió enmiendas de los legisladores que incluyeron la  posibilidad de que tierras explotadas por terceros y u ocupadas por  empresas puedan ser también sometidas al proceso de regularización. 

     Esos agregados hicieron que la entonces Medida Provisoria (MP,  decreto presidencial sometido a la aprobación "a posteriori" del  Congreso) fuese bautizada por la oposición como "la MP de los  grileiros". 

     En Brasil se denomina "grileiros" a las personas que se apropian  de manera irregular de tierras al utilizar títulos de propiedad o  posesión falsificados.  

     El uso del término sugiere que quienes ahora regularizarán sus  tierras amazónicas las obtuvieron por la vía fraudulenta. 

     El dispositivo que beneficiaba a las propiedades explotadas por  terceros y a las tierras ocupadas por empresas fue vetado por el  presidente Lula da Silva al promulgar la nueva ley, con lo cual el  principal motivo de críticas fue eliminado. 

     El gobierno señaló que la ley permitirá regularizar alrededor de  67 millones de hectáreas de tierras en situación irregular.  

     Si se calcula que los terrenos en proceso de regularización  tienen una extensión promedio de 400 hectáreas, esto representa un  total de 167.500 propiedades, sin embargo las autoridades esperan  beneficiar a más de 300.000 familias, ya que la mayoría de las  tierras ocupadas tienen hasta 100 hectáreas, según las cifras  gubernamentales. 

     El presidente de la Asociación Brasileña por la Reforma Agraria,  Plinio de Arruda Sampaio, sostuvo que la nueva ley estimulará la  especulación fundiaria, debido a que 72 por ciento de las  propiedades beneficiadas tiene entre 400 y 1.500 hectáreas. 

     Uno de los aspectos polémicos de la ley es el establecimiento de  la simple declaración de ocupación, por parte del agricultor, como  presupuesto inicial del proceso de regularización, sin que esté  sujeto a una inspección visual directa. 

     De acuerdo con ambientalistas, muchas personas pueden declarar  que ocupan las tierras desde antes de 2004 (el límite temporal  impuesto por la ley) sin haberlo hecho efectivo. 

     La autodeclaración como ocupante puede beneficiar a quienes están  informados sobre los detalles de la ley, aún sin estar en la tierra,  mientras que los verdaderos ocupantes que no tienen acceso a esa  información no estarán en condiciones de beneficiarse. 

     Para el coordinador sectorial de Greenpeace, Nilo D'Avila, eso es  lo que ocurrirá en la mayoría de los casos, ya que los auténticos  ocupantes de la Amazonia no tienen acceso a los medios de  comunicación. 

     La Confederación de Trabajadores en la Agricultura (Contag)  censuró el plazo de tres años para la prohibición de venta de las  propiedades regularizadas, pues es tan corto que estimulará la  compra por parte de terratenientes vecinos. 

     En cambio, el ex gobernador del estado de Acre, Jorge Viana,  subrayó la importancia de que finalmente se permita regularizar las  propiedades para aquellos que fueron atraídos a la Amazonia por los  proyectos de colonización de los gobiernos militares (1964-1985). 

     De acuerdo con Viana, la regularización permitirá reducir los  conflictos por la tierra que han costado la vida a una infinidad de  campesinos y dirigentes sindicales, sin estimular la especulación  agraria ni la deforestación. 

     El ex gobernador recuerdó que la legislación ambiental establece  que las propiedades deben mantener la vegetación natural en la mayor  parte de su superficie, o recomponerla en los casos en que haya sido  retirada. 

     Eso asegurará, según Viana, las metas de reducción de la  deforestación asumidas por el gobierno brasileño, que enfrenta  críticas internacionales por la quema de superficies selváticas que  aumentan la emisión de carbono y el efecto invernadero.