Por Marcela Rodríguez 

     BOGOTA, 19 jun (Xinhua) -- Las víctimas de agentes estatales se  declararon hoy frustradas, tristes e indignadas con la anulación por  parte del congreso de una ley de reparación pero resueltas a crear  un nuevo proyecto que garantice sus derechos. 

     Iván Cepeda del Movimiento de Víctimas de Ejecuciones  Extrajudiciales lamentó el hundimiento del proyecto que garantizaba  la reivindicación de los afectados y aseguró que acudirán a las  instancias internacionales que apoyaron tal iniciativa.  

     "Vamos a volver a presentar un proyecto de ley, vamos a un nuevo  proceso de discusión con las víctimas y a movilizar a la opinión  pública nacional e internacional", advirtió el defensor. 

     Después que el Congreso y la Cámara de Representantes (baja)  aprobaron el texto creado por las víctimas y rechazaron la propuesta  del Ejecutivo, el presidente Alvaro Uribe ordenó la anulación de la  ley por falta de presupuesto para cumplirla. 

     Antonio Madariaga, vocero de las familias de asesinados por  uniformados, dijo que propondrán que aquellos sectores que financian  la política de seguridad para eliminar a los armados, aporten  recursos para resarcir a las víctimas. 

     "Creemos que así como es posible destinar el impuesto al  patrimonio para financiar la guerra es posible un impuesto para la  reparación", dijo el afectado. 

     El impuesto al patrimonio es pagado por los sectores pudientes  para garantizar el mantenimiento y modernización de la artillería  con la que se combate a los violentos y el Ejecutivo estudia si se  extiende o no a la clase media. 

     El senador Juan Cristo, uno de los ponentes de la iniciativa de  las víctimas desvirtuó los argumentos del presidente dudando de la  veracidad de las cifras que señaló se necesitaría para las  indemnizaciones de los afectados. 

     "(El gobierno) estaría diciendo que hay más víctimas de agentes  del Estado que de paramilitares y guerrilleros, lo cual no es cierto" , sostuvo el legislador, desestimando que se requieran 80 billones  de pesos (40 millones de dólares) como anotó Uribe. 

     La propuesta anulada dejaba las víctimas de agentes estatales en  el mismo nivel de las de armados y las eximía de iniciar procesos  judiciales ordinarios, asimismo garantizaba su indemnización. 

     La del Ejecutivo no reconocía responsabilidad del Estado en los  crímenes sino solidaridad, y exigía que la reparación se concretara  una vez los jueces emitieran condena contra el victimario. 

     La sede de gobierno por su parte también manifestó su decisión de  emanar un nuevo proyecto para la reparación de esos afectados que  ascienden a 250.000, e insistió en que aprobar lo que no se puede  cumplir sería frustrar más a los afectados. 

     Cristo sostuvo que la decisión deja un ambiente de tristeza,  indignación y frustración, después de dos años de trabajo acompañado  por el grupo de personas supeditadas por el Ejecutivo al terreno  económico y negándoles el reconocimiento de sus derechos. 

     "Al escuchar al relator de la ONU decir que era inaceptable lo  que pasa a esas víctimas, el gobierno decidió hundir la ley. 

     "Si no incluimos a las víctimas como ciudadanos de primera jamás  vamos a poder superar el odio y el resentimiento. Las cifras más  exageradas llevan a pensar que las víctimas de agentes del Estado en  porcentaje de las otras, no superan el 4 o 5 por ciento, dijo el  legislador.  

     "Estamos hablando de 250.000 victimas, es muy alta la cifra pero  es muy baja para el tema fiscal que es de lo que habla el gobierno",  agregó. 

     Cientos de jóvenes en su mayoría de escasos recursos, fueron  engañados por personas que les prometieron empleos lejos de casa y  los llevaron a intendencias militares donde fueron ejecutados y  mostrados como combatientes muertos en combates. 

     El relator de la Organización de Naciones Unidas para la  Ejecuciones Extrajudiciales, Philp Alston, visitó el país para  investigar lo acontecido con los mal llamados "falsos positivos" y  estimó gravísima la situación de violación a los derechos humanos  por el escándalo. 

     Alston recomendó agilizar las investigaciones y castigar a los  responsables, y pidió al ejército reconocer la magnitud de los  hechos así como su responsabilidad. 

     El fiscal Mario Iguarán advirtió que hay más de 1.000  investigaciones contra miembros de la fuerza pública que cometieron  crímenes y coincidió con Alston al afirmar que no hay elementos que  relacionen las acciones con una política de Estado. 

     El gobierno de Uribe agradeció las declaraciones de Alston en  torno a ese particular y pese al llamado de atención, se declaró  conforme con el que llamó "reconocimiento a la disciplina y  efectividad del ejército". 

     Iguarán manifestó la disposición del ente investigador para  esclarecer los crímenes que tildó de "gravísimos y vergonzosos,  fáciles de explicar desde el punto de vista jurídico pero difíciles  de entender desde el punto de vista humano". 

     "Como fue el caso del joven con incapacidades mentales que se  dedicaba a oficios varios y desapareció del municipio Soacha (al sur  de Bogotá) y al otro día apareció muerto como un supuesto integrante  de un grupo armado", lamentó el jefe fiscal.