LIMA, 10 jun (Xinhua) -- El Congreso Nacional, con
relativa mayoría, decidió suspender por tiempo indefinido la aplicación de
dos de las normas que generaron violencia y muerte en la amazonía
peruana el viernes pasado.
Con una votación de 59 legisladores a favor, 47 en
contra y una abstención, quedaron sin efecto los decretos legislativos
sobre la Ley Forestal y la Ley de Fauna Silvestre.
En primera votación, la medida fue aprobada entre
protestas de los representantes del opositor Partido Nacionalista del Perú
(PNP).
El reclamo de los legisladores nacionalistas se
produjo debido a que prosperó una propuesta del congresista de la bancada
oficialista Partido Aprista Peruano-PAP, Aurelio Pastor.
Dicha propuesta permitió poner a votación primero la
suspensión de los referidos decretos legislativos, y relegar una propusta
del legislador del también opositor Unión por el Perú (UPP), Edgardo
Reymundo, para debatir previamente la derogatoria.
El decreto de Ley Forestal pretendia regular y
supervisar el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos
forestales, incluyendo concesiones de ecoturismo y de conservación, a
través de una autoridad dependiente del Ministerio de Agricultura
(Minag).
La ley responde al pedido de Estados Unidos de que
Perú tenga una entidad para investigar las infracciones en el manejo del
sistema forestal y garantizar que la madera que se comercialice no tenga
origen ilícito.
Dicha condición fue impuesta por Estados Unidos para
la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado entre
ambas naciones.
Sin embargo, los pueblos amazónicos y organismos no
gubernamentales rechazaron la Lley porque las comunidades indígenas
no fueron consultadas para su aprobación. según lo dispone la
legislación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en
su artículo 168.
Según fuentes oficiales, el viernes pasado murieron
24 policías y nueve indígenas en un enfrentamiento cuando las fuerzas del
orden intentaban desbloquear una carretera ocupada por pobladores
locales.
El conflicto se extendió a la ciudad de Bagua y
otras jurisdicciones vecinas en el departamento norteño de Amazonas.
Los indígenas, en paro desde hace poco más de dos
meses, exigían derogar la Ley Forestal por considerar que vulneran sus
derechos a la propiedad de la tierra.
Asimismo, los indígenas aseguran que la ley
forestal permite la invasión de colonos y empresas transnacionales para
explotar los recursos naturales con la consiguiente depredación del
habitat.