LIMA, 30 may (Xinhua) -- A punto de cumplir dos meses en paro,  varios miles de aborígenes de la Amazonia peruana se mantienen en  pie de lucha, en defensa de sus ancestrales territorios, e insisten  en la abrogación de leyes que vulneran sus derechos a la propiedad  de la tierra. 

     Los nativos han advertido que, de hacer caso omiso (el gobierno o  el Congreso Nacional) a sus demandas, tomarán medidas más radicales,  mientras continúan con bloqueos de carreteras en varios puntos de la  selva y restringiendo el paso de los trenes que conducen a los  turistas a la ciudadela incaica de Machu Picchu, en el suroriental  departamento del Cusco. 

     El quid del problema radica en el decreto legislativo 1090,  dictado por el gobierno central en uso de facultades extraordinarias  para dar pase a la implementación del tratado de libre comercio (TLC)  entre Perú y Estados Unidos. 

     La mencionada norma, llamada también Ley Forestal, si bien  promueve el uso eficiente y la conservación de los recursos  forestales y de la fauna silvestre, no es aceptada por la población  aborigen que la considera lesiva a sus intereses y porque, además,  no se les consultó previamente sobre si ellos la aprobaban o  desaprobaban. 

     El gobierno central ha respondido que si se deroga o se declara  anticonstitucional el DL 1090 o Ley Forestal se pondría en riesgo  uno de los acuerdos previos a la firma del TLC con Estados Unidos,  pues, si bien los indígenas tienen derecho a la tierra, no son  propietarios del subsuelo. 

     El referido decreto busca garantizar la seguridad energética del  país, y las regiones en conflicto, según las prospecciones, cuenta  con reservas de hidrocarburos (petróleo y gas). 

     Actualmente, esa norma y otras afines, son debatidas en el  Congreso Nacional, aunque sin resultados a la vista, y la situación  se torna crítica ante la fuerte actitud de los aborígenes. 

     Cabe señalar que no existe un censo que pueda confirmar a ciencia  cierta cuántos indígenas son y cuántas etnias conviven en la  Amazonia, así como tampoco un catastro que permita diferenciar  cuáles son sus tierras y los límites de cada una de ellas; aunque a  nivel nacional, en cifras del gobierno, se han titulado cerca de 14  millones de hectáreas a favor de los nativos. 

     Si bien la norma reconoce los bosques de las comunidades nativas  y campesinas, además de fijar límites máximos y mínimos, y existen  prohibiciones como el cambio de uso forestal por agropecuario, la  precoupación de fondo, y que también comparten ambientalistas, es  qué ocurriría si se empieza a explorar y a explotar los  hidrocarburos. 

     Una explotación o sobreexplotación implicaría deforestación,  depredación de flora y fauna y contaminación de las aguas de los  ríos; además de que la Amazonia, que domina gran parte del  territorio sudamericano, es considerada "el pulmón de la humanidad". 

     "Los conflictos (entre los aborígenes y el gobierno central) se  han presentado porque hay comunidades o individuos sobre los cuales  se otorgan derechos mineros, se crean lotes de hidrocarburos u otra  actividad extractiva donde hay bosques o áreas protegidas en las que  hay asentamientos humanos desde hace siglos", acotó un estudioso del  tema. 

     Es decir, existe un vacío legal sobre las formas de ordenamiento  del territorio nacional y las formas para solucionar casos donde hay  más de un derecho, en un mismo territorio, para actividades  distintas. 

     La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido,  mediante sentencia que sienta jurisprudencia, que "si bien las  tierras de las comunidades indígenas implican un manejo donde debe  haber consentimiento informado previo, no significa que no deban  someterse a las reglas del derecho". 

     Empero, en el caso peruano en discusión, también se habla del  subsuelo donde el Estado tendría los derechos que no tiene en la  superficie. 

     Solucionar todo ello pasa por una reforma jurídica, para lo cual  los expertos recomiendan que, si hay una riqueza natural en el  subsuelo, hay que compensar al que vive en la superficie.