LIMA, 8 abr (Xinhua) -- La condena dictada contra el depuesto  mandatario peruano Alberto Fujimori por violaciones a los derechos  humanos, no sólo sienta un precedente histórico sino que abre la  investigación sobre colaboradores de su gobierno. 

     Es la primera vez que se juzga y condena a un ex presidente por  crímenes de lesa humanidad, en proceso iniciado el 10 de diciembre  de 2007 y que a criterio de observadores, mereció calificativos de  "transparente, impecable, objetivo e imparcial". 

     La condena a 25 años de prisión, la misma que será impugnada por  la defensa de Fujimori, es la pena más alta que contempla el Código  Penal Peruano. 

     La Sala Penal Especial (SPE) de la Corte de Justicia consideró  que a lo largo de los 16 meses del proceso y de las 160 audiencias  (en las dos últimas Fujimori se hizo cargo de su defensa) existían  evidencias razonables para no dudar de la culpabilidad del procesado.  

     Indicó que no habían atenuantes porque se trató de delitos de  Estado y de lesa humanidad. 

     La SPE dictaminó que el depuesto gobernante es responsable de  homicidio calificado con alevosía, por los casos denominados Barrios  Altos (1991) y La Cantuta (1992), en que fueron ejecutados  extrajudicialmente por un grupo paramilitar 25 personas, entre ellos  un menor de edad. 

     Además se le encontró culpable de lesiones graves en agravio de  cuatro personas, entre ellas una mujer, y secuestro agravado, bajo  la circunstancia agravante de trato cruel, en agravio del periodista  Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer. 

     Fujimori, en términos jurídicos, es responsable de "autoría  mediata" (intelectual), es decir, cuando el delito es realizado por  una persona a través de otra, aprovechando que se tiene el control  de una organización en la cual las órdenes se cumplen. 

     Los crímenes de Estado es una figura referida a delitos de  homicidio calificado o secuestro realizado por autoridades o  instituciones del Estado. 

     En ese sentido, el presidente de la SPE, César San Martín, previo  a la lectura de la sentencia, indicó que ésta era unánime, es decir,  con el consenso de sus pares Víctor Prado y Hugo Príncipe, y que  "los cargos objetos de imputación se encuentran probados, más allá  de toda duda razonable". 

     La resolución de culpabilidad de Fujimori en la teoría de la  "autoría mediata" se basa en que quienes perpetraton las matanzas y  los secuestros respondían a una política de Estado diseñada por el  entonces gobernante. 

     En otras palabras, se había configurado un aparato de poder  organizado en cuya cúspide se encontraba Fujimori en su calidad de  jefe de Estado y jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía.  

     Si bien el único procesado y condenado en el juicio fue Fujimori,  la sentencia judicial señala en uno de sus párrafos que se formulen  cargos contra otros integrantes del gobierno fujimorista. 

     La orden establece proceso contra el ex asesor personal y ex jefe  virtual del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Vladimiro  Montesinos, el ex comandante general de las Fuerzas Armadas, general  en retiro, Nicolás Hermoza, y el ex jefe del SIN, coronel en retiro  Alberto Pinto, por los delitos de secuestro agravado y rebelión. 

     En esa situación, la SPE cursó el respectivo requerimiento de  investigación al Ministerio Público para que se formulen cargos en  su contra, pues se considera que mantuvieron una actitud encubridora  para ejecutar las operaciones clandestinas. 

     Mas allá de la impugnación al fallo por parte de la defensa de  Fujimori, que deberá ser presentada en los siguientes días, el tema  seguirá ocupando las páginas de los medios de comunicación y las  conversaciones de los peruanos, unos a favor y otros en contra de  Fujimori. 

     El ex mandatario será sometido a partir de mayo a otro proceso,  esta vez por el pago de 15 millones de dólares que presuntamente  hizo a Montesinos luego que estallara el escándalo político tras la  difusión de unos videos, hecho que marcó el fin del tercer régimen  consecutivo de Fujimori.  

     Alberto Fujimori renunció desde Japón, vía fax, a la presidencia  de su país en noviembre de 2000, aunque varios días después el  Congreso peruano declaró la vacancia presidencial por "incapacidad  moral" de Fujimori.