LA PAZ, 12 ene (Xinhua) -- Auditorías realizadas por la  Contraloría General de la República (CGR) de Bolivia determinaron  que las empresas petroleras extranjeras dejaron un daño económico al  Estado por 1.500 millones de dólares. 

     El suspendido contralor, Osvaldo Gutiérrez, fue quien anunció  esta información a tiempo de reconocer que hubo retraso en la  ejecución de las auditorías a las transnacionales. 

     "Los indicios de responsabilidad o daño económico al Estado  boliviano son no sólo de mil millones, en realidad está por encima  de los 1.500 millones de dólares", indicó. 

     Después de tres años de dirigir la CGR, hasta fines de diciembre  pasado, Gutiérrez fue suspendido de su cargo por la Comisión de  Constitución de Diputados en función a supuestas irregularidades  cometidas en la administración de la entidad estatal y por  favorecer a las petroleras. 

     Ante este hecho, el 29 de diciembre de 2008, el mandatario  boliviano Evo Morales posesionó al legislador Gabriel Herbas como  contralor interino, quien renunció a su escaño para quedar  habilitado como autoridad fiscalizadora. 

     Gutiérrez, cuya suspensión de 90 días se cumple a fines de marzo  próximo, no especificó qué transnacionales y en qué forma  ocasionaron grave daño económico al erario, pero afirmó que esos  temas se esclarecerán una vez que se oficialice la entrega de la  documentación pertinente. 

     Aseguró que cuenta con los informes de las auditorías a las  empresas petroleras, pero que la Contraloría, a través de un  procedimiento legal, es la que debe notificar y dar cuenta de los  mismos.  

     Las empresas que operaron en Bolivia fueron: Empresa Petrolera  Andina S.A., Chaco, S.A., Repsol YPF E&P Bolivia S.A., BG Bolivia  Corporation, Vintage Petroleum Boliviana, Ltd., Petrobras Bolivia S.  A., Total, Petrobras Energía S.A., Sucursal Bolivia, Pluspetrol  Bolivia Corporation S.A, Tecpetrol de Bolivia S.A., Canadian Energy  Enterprises (CEE) Bolivia SRL y Matpetrol S.A. 

     El presupuesto aprobado por el Ministerio de Hacienda en 2006  para la realización de estas auditorías fue de 14,8 millones de  bolivianos (unos 2,11 millones de dólares). 

     Según Gutiérrez, la CGR concluyó con esa tarea de la cual  derivaron 19 informes de control interno y ocho informes con  responsabilidad civil y penal. 

     Estos informes se encuentran en la fase de revisión legal en la  Contraloría, y una vez que se emita el dictamen pasará a las  autoridades pertinentes, quienes indicarán los pasos a seguir. 

     Gutiérrez señaló que dichas autoridades pueden determinar, a  través del Ministerio Público y mediante un juez coactivo fiscal,  las responsabilidades respectivas. 

     En este proceso, las empresas también deben ser notificadas  mediante un informe preliminar para que presenten sus descargos.    

     Una vez que se emita el informe definitivo o complementario, "el  Estado debe hacer todo para recuperar el perjuicio económico",  afirmó