BUENOS AIRES, 26 dic (Xinhua) -- La Cámara en lo
Contencioso Administrativo reconoció hoy, tácitamente, que el Estado
Argentino fue el "principal encubridor" del atentado contra la Asociación
Mutual Israelita Argentina (AMIA), el 18 de julio de 1994.
La Sala II de ese tribunal de alzada rechazó el
pedido del Estado argentino para "tachar" en un reclamo civil por una de
las 85 víctimas mortales del ataque terrorista la calificación de
"principal encubridor de uno de los mayores crímenes de la historia
argentina".
"Con respecto al planteo del Estado Nacional de que
se manden tachar las alegaciones de la actora efectuadas en el escrito de
expresión de agravios, que ubican a su parte como 'principal
encubridor de uno de los mayores crímenes de la historia argentina',
si bien los dichos vertidos en la apelación pueden resultar
excesivamente severos, lo cierto es que la motivación del decreto
812/2005, en cierta medida, puede dar lugar ello", sostiene el
fallo.
Por ello, "no corresponde hacer lugar al planteo
formulado", precisaron los jueces Marta Herrera y Carlos Manuel
Grecco.
Los juzgadores recordaron que "el Estado Nacional,
mediante el dictado del decreto 812/2005, reconoció su responsabilidad por
incumplimiento de la función de prevención, por no haber adoptado
medidas idóneas y eficaces para intentar evitar el atentado".
El pronunciamiento está contenido en un fallo
conocido este viernes, en el que la Cámara reconoció la indemnización
económica a favor de Laura Ginsberg y sus hijos, por la muerte en aquel
atentado de su marido, José Enrique "Kuki" Ginsberg.
Ginsberg se desempeñaba como director del Sector
Sepelios y Cementerios de la AMIA, tenía 43 años de edad al momento del
atentado y su muerte dejó huérfanos a dos niños de 12 años y 18
meses de vida.
El resarcimiento procura mantener el nivel de vida
que desarrollaba la familia previo al ataque, que incluía cobertura de
medicina prepaga, asociación a un club, colegio privado para los
niños y vacaciones en la Costa Atlántica argentina.
El fallo rechazó también una petición del
Estado para que la pensión que la viuda percibe por la muerte de su marido
sea considerada parte del resarcimiento económico por el ataque.