LIMA, 15 dic (Xinhua) -- Tras un largo periodo de sinsabores, Bolivia marcha hacia su "refundación", tal como lo ha señalado repetidamente el presidente Evo Morales.
Los bolivianos esperan ahora el referéndum que se ha convocado para el 25 de enero de 2009 para la aprobación o desaprobación de una nueva Constitución Política del Estado (CPE).
De agosto de 2006 a diciembre de 2007, los grupos opositores, especialmente los frentes civiles y autoridades de los departamentos de la media luna (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija), agotaron su repertorio para evitar no sólo el debate y la redacción de la CPE, elaborada por la Asamblea Constituyente (AC) sino, además, para oponerse a las medidas del gobierno central.
Su objetivo es mantener sus privilegios económicos y sociales y evitar una recomposición del Estado.
Es decir, se oponen a la nacionalización de los hidrocarburos y de otros recursos naturales -como el agua-, a la pérdida de latifundios (con tierras ociosas) que tienen en su poder en desmedro de las grandes masas de los "sin tierra", y a evitar la inclusión de los indígenas que representan el 60 por ciento de los nueve millones de bolivianos.
También están en desacuerdo con los bonos "Juanito Pinto" y "Dignidad", con los cuales el gobierno cubre parte de las necesidades de los escolares de educación primaria y de los adultos mayores que no cuentan con pensiones de jubilación, respectivamente.
Los bonos son financiados con ingresos del erario y con parte del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
Paralelamente, en los últimos meses de 2008, Morales declaró persona "no grata" al embajador estadounidense Philip Goldberg, y lo expulsó bajo el cargo de incitar "un golpe de Estado" en comunión con los opositores.
Adicionalmente, hizo lo propio con la agencia antidrogas estadounidense (DEA, siglas en inglés) por similar actitud.
La respuesta de Estados Unidos no se dejó esperar: expulsó al embajador boliviano en Washington y, de paso, suspendió indefinidamente el que Bolivia pueda acogerse a la prórroga de la Ley de Preferencias Arancelarias Andina y de Lucha contra las Drogas (Atpdea, siglas en inglés).
Previamente, a fines de junio, los cultivadores de hoja de coca de la comarca del Chapare, en el departamento central de Cochabamba, exigieron y lograron el retiro de la agencia estadounidense de ayuda (USAID, siglas en inglés), por sus también claros propósitos de propiciar la caída del gobierno constitucional.
Los derechistas y neoliberales comités cívicos (civiles) y prefectos (gobernadores) opositores alentaron desmanes y buscaron diversas fórmulas para impedir, por un lado, el afán de justicia social del gobierno y, por otro, que la mayoría de constituyentes del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) alcanzarán su propósito para los que habían sido elegidos.
Esa oposición, que se endureció a medida que el gobierno de Morales se empeñaba en encontrar un consenso mediante el diálogo, tenía un solo objetivo: impedir el avance popular, indígena y campesino, sectores tradicionalmente excluidos de las decisiones del Estado, y frustrar el diseño de un nuevo país.
En ese sentido, los opositores plantearon que los artículos de la nueva CPE fueran aprobados por los dos tercios de los constituyentes, una interpretación que parte de la aún vigente CPE para obstaculizar la discusión y aprobación del texto mediante simple mayoría, sabiendo que los constituyentes gobiernistas no sumaban esos dos tercios.
Ocho meses se fueron en esa discusión sin que se avanzara en el tratamiento del texto; la clase dominante, desde los principios de la era republicana, buscaba y logró que la amplia mayoría obtenida por el MAS no marcara el ritmo de esa asamblea.
Casi de inmediato plantearon el tema de la "capitalidad"; ese fue y sigue siendo el nombre que le pusieron a la demanda para trasladar la sede de gobierno a Sucre, capital constitucional de Bolivia, desde La Paz, donde funcionan el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo desde fines del siglo XIX.
En Sucre sesionaba la AC desde el 6 de agosto de 2006; por tanto, casi de inmediato, los asambleístas se convirtieron en rehenes de esa ciudad; los comités cívicos (civiles), sobre todo el de Santa Cruz, se encargaron de la campaña mediática.
El racismo, que ocultaba someramente la oligarquía venida a menos, apareció con sus rasgos más groseros: los estudiantes de las universidades públicas y privadas, provenientes de todo el país y muchos de extracción humilde, fueron objeto de las peores acciones ocurridas en el último medio siglo.
Campesinos y mujeres de pollera (vestimenta tradicional de originarias) fueron violentados, golpeados y humillados entre septiembre de 2007 y mayo de este año.
Quien vote por el "No", el 25 de enero próximo, lo hará porque no está de acuerdo con un nuevo Estado, con un país incluyente, con una sociedad en que se destierre el racismo; quien lo haga por el "Sí" está favor de la refundación de Bolivia.
Según las encuestas, un 60 por ciento de los ciudadanos bolivianos aprobaría la nueva CPE, un 24 por ciento estaría en contra y un 16 por ciento aun está indeciso.
Sin embargo, a tenor de lo que se escucha en las calles bolivianas, más allá del Sí y No, el proceso constituyente requiere de mayor debate y reflexión, no necesariamente circunscrito a las campañas políticas por una de las dos opciones, que con el uso de la propaganda pueden alterar el verdadero sentido de una decisión ciudadana reflexiva.