BEIJING, 10 sep (Xinhua) -- Ejecutivos de alto nivel de 147  empresas chinas propiedad del Estado administradas centralmente  podrían enfrentar una suspensión permanente de sus cargos directivos  si son encontrados responsables de pérdidas severas durante su  periodo, dijo hoy el órgano de supervisión de activos estatales. 

     Los jefes de las empresas estatales centrales podrían enfrentar  castigo económico y administrativo y una suspensión de uno a cinco  años o incluso de por vida a ocupar sus cargos si sus empresas  sufren pérdidas anormalmente severas o grandes pérdidas  ocasionalmente, dijo la Comisión de Supervisión y Administración de  Activos Propiedad del Estado (CSAAPE), en su sitio de internet. 

     Las nuevas reglas enumeran 50 situaciones causantes de pérdidas  económicas que conducirán al castigo de los ejecutivos de las  compañías, incluidas las prácticas irregulares en la operación  diaria, como compra, venta y administración de capital, así como en  la inversión y reestructuración corporativa. 

     Las pérdidas directas e indirectas serán calculadas para medir el  desempeño de los ejecutivos. El daño previsible en el futuro también  será tomado en cuenta. 

     Entre las sanciones económicas se encuentran reducir el salario y  bonos y suspender la emisión de nuevas acciones. El castigo  administrativo consistirá en advertencia, degradación y destitución. 

     Los ejecutivos que hayan dejado sus cargos no podrán escapar a la  responsabilidad si se descubre que fueron causantes de las pérdidas  luego de que dejen sus cargos. 

     Las 147 empresas chinas propiedad del Estado y sus principales  subsidiarias deben reportar a la CSAAPE si se registran pérdidas. La  reorganización más recientes redujo el número de empresas propiedad  del Estado de 149 a 147. 

     Como el pilar de la economía nacional, las empresas centrales  propiedad del Estado controlan muchos sectores cruciales, incluida  electricidad, petróleo y gas. Esas empresas están plagadas de  corrupción y de escándalos por prácticas deshonestas de parte de sus  jefes, sin que haya políticas concretas para llevar ante la justicia  a los responsables.