SANTIAGO, 16 jun (Xinhua) -- Paros, tomas de colegios y  universidades, marchas, protestas y cierres de calles son algunos de  los conflictos anunciados para esta semana por estudiantes,  profesores, trabajadores y algunos gremios vinculados al transporte  público, anticipando un complejo escenario para el gobierno chileno. 

     Además, la presidenta Michelle Bachelet tendrá que enfrentar el  desafío creado por los diputados de gobierno y de oposición con los  múltiples reclamos y nuevas exigencias para aprobar cuatro  iniciativas legales que resultan vitales para su administración. 

     Estos proyectos se refieren a la inyección de 1.000 millones de  dólares al Fondo de Estabilización de los Precios de los  Combustibles (FEPC), el reajuste del salario mínimo, el proyecto de  la nueva Ley General de Educación y el subsidio permanente para el  sistema de transporte capitalino o Transantiago, además de los  recursos adicionales que contempla para las regiones. 

     El problema es que, tanto los parlamentarios oficialistas como  los de la oposición tienen visiones encontradas, y los distintos  actores vinculados al debate están implementando medidas de presión  para orientar a su favor las resoluciones finales. 

     Los profesores iniciaron esta mañana un paro nacional que comenzó  con un acto en la Plaza de Armas de Santiago, al que asistieron más  de 15.000 personas, para exigir el retiro del Congreso del proyecto  de Ley General de Educación, argumentando que no satisface todos sus  requerimientos. 

     A éste se sumaron los estudiantes secundarios que mantienen  tomadas varias decenas de colegios y universidades, incluyendo la  estatal Universidad de Chile, para pedir el fin del lucro privado en  la educación y la eliminación del pase escolar. 

     Además, están preparando una gran manifestación en Valparaíso que  lleva por nombre "Puertazo por la Educación", la que tendría lugar  el miércoles, con marcha incluida hasta el Congreso Nacional, para  que no se apruebe la nueva ley de Educación. 

     Paralelamente, están los desencuentros protagonizados por el  gobierno y la oposición ante el incumplimiento del acuerdo sobre  educación que suscribieron ambas partes el año pasado, al que ahora  el gobierno intenta introducir cambios, como la ampliación de la  educación pública. 

     También los trabajadores de taxis colectivos anunciaron para hoy  una serie de protestas callejeras, e incluso están evaluando cercar  con sus vehículos el Congreso en Valparaíso, para exigir al gobierno  que les entreguen los mismos beneficios otorgados a los camioneros  en el Fondo de Estabilización del Precio a los Combustibles (FEPC). 

     Este tema es muy complejo para el gobierno, ya que necesita  aprobar esta iniciativa legal, porque la próxima semana cesan las  funciones del parlamento y los beneficios contemplados en el  proyecto del FEPC deben regir a partir del 1 de julio. 

     Ya varios senadores advirtieron que incluirán otras medidas a  dicho proyecto, como la rebaja del impuesto específico de los  combustibles, y para ello el gobierno necesita tiempo para negociar. 

     Por otro lado, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) advirtió  que si no hay acuerdo en la negociación del salario mínimo realizará  un paro nacional, tal como ocurrió el año pasado. 

     La decisión deberá concretarse esta semana, porque el reajuste  entrará en vigencia el 1 de julio, por lo cual el proyecto debe ser  votado entre martes y miércoles en el Congreso, y hasta ahora las  posiciones están bastante alejadas. 

     La multisindical pide un sueldo mínimo de 162.000 pesos (324  dólares), lo que equivale a un aumento de 12,5 por ciento, mientras  que el gobierno está pensando en un reajuste cercano al 7 por ciento,  por lo que resultarán claves las conversaciones que tendrán hoy  todos los actores involucrados. 

     Finalmente, el ministro de Transporte, René Cortazar, participará  mañana en las sesiones de comisión correspondiente de la Cámara de  Diputados para argumentar y defender el proyecto de ley que inyecta  nuevos recursos al Transantiago y a las regiones. Fin