BOGOTA, 23 may (Xinhua) -- Legisladores, periodistas y ciudadanos  extranjeros acusados por la Fiscalía colombiana de vínculos con las  Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), negaron hoy la  presunción del ente investigador. 

     A través de un correo electrónico enviado por el estadounidense  James Jones a una emisora colombiana, éste expresó su rechazo a la  orden de investigación en su contra alegando que su trabajo tuvo el  aval de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

     Jones fue acusado ayer de mantener nexos con las FARC, junto a  dos ecuatorianos de la Asamblea Constituyente de Ecuador, un  venezolano, tres legisladores opositores, un ex asesor de paz y una  directora de ONG. 

     "He tenido una relación cordial con las FARC desde un comienzo,  cuando fui asesor antidrogas de la ONU para los Andes a finales de  los años 90 y trabajaba en el despeje (proceso de paz)", comentó  Jones. 

     "Continuó cuando me fue entregada una beca de dos años por la  Fundación MacArthur para investigar el impacto de la asistencia  norteamericana a Colombia, por medio del Plan Colombia en el  conflicto armado y en el control de drogas", explicó el periodista. 

     El venezolano Almikar Figueroa, presidente alterno del Parlamento  Latinoamericano (Parlatino), indicó que nunca tuvo contacto con las  FARC y calificó las acusaciones como una patraña del gobierno  colombiano para evadir el conflicto político interno. 

     "Es que, de hecho, no sé manejar una computadora", dijo el  venezolano recordando que las acusaciones están fundadas en  información encontrada en las computadoras decomisadas a los  rebeldes. 

     El fiscal general, Mario Iguarán, manifestó que, de ser necesario,  el gobierno está dispuesto a hacer uso de los convenios de  extradición con los países para pedir que los extranjeros implicados  enfrenten la justicia colombiana. 

     "Al parecer (Jones) era como el vínculo del ex jefe rebelde 'Raúl  Reyes' para costear la defensa de alias 'Sonia' y alias 'Simón  Trinidad'", dijo Iguarán sobre el periodista norteamericano. 

     En tanto, el ex asesor de paz Lázaro Viveros manifestó su  tranquilidad por cuanto sus acercamientos con los ultraizquierdistas  son de público conocimiento y por fines humanitarios. 

     "Tengo total tranquilidad de conciencia, mis contactos con las  FARC siempre fueron enfocados a buscar la paz y la liberación de los  secuestrados", manifestó Viveros. 

     La senadora Piedad Córdoba coincidió con Viveros pero agregó que  con el caso, que recibe el nombre de "FARC política", el ejecutivo  busca crear una cortina de humo que desvíe la atención de escándalos  que involucran a altos funcionarios. 

     Alvaro Restrepo, esposo de la congresista Gloria Ramírez del  opositor Polo Democrático Alternativo (PDA) también acusada, dijo  por su parte que su esposa se destaca por trabajar pensando en  favorecer a las comunidades y no a grupos ilegales. 

     "Ella no ha tenido vínculos con movimientos irregulares ni  subversivos, ha trabajado con las comunidades, por una salida  humanitaria al conflicto", aseguró. 

     En Colombia también se investigan los vínculos del gobierno de  Alvaro Uribe con grupos ultraderechistas así como los  cuestionamientos sobre la legalidad de la votación del acto  legislativo que permitió la reelección presidencial en 2006. Fin