MEXICO, 29 abr (Xinhua) -- El gobierno mexicano aceptó hoy un  "diálogo directo" con el guerrillero Ejército Popular Revolucionario  (EPR), pero lo condicionó a que los rebeldes se comprometan a  suspender de forma definitiva acciones radicales y de violencia. 

     El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, dijo en rueda  de prensa que cualquier diferencia o conflicto debe encontrar los  canales institucionales para su discusión y eventual solución en  apego a la ley. 

     El EPR propuso la semana pasada un diálogo con mediadores como el  obispo emérito Samuel Ruiz, el periodista Miguel Angel Granados  Chapa, al escritor Carlos Montemayor, al antropólogo Gilberto López  y Rivas y la senadora izquierdista Rosario Ibarra. 

     El grupo llevó a cabo en 2007 varios actos de sabotaje contra  instalaciones petroleras después que en mayo de ese año denunció la  desaparición de dos de sus líderes: Edmundo Reyes Amaya y Gabriel  Alberto Cruz Sánchez. 

     Mouriño pidió "que no se condicione el diálogo al interés del EPR  sobre la presunta retención/desaparición de dos de sus militantes,  sino también a aquellos temas que interesan al Estado mexicano",  como la solución pacífica de conflictos. 

     Otra condición que puso el gobierno fue que haya un diálogo  directo con integrantes del EPR en el que los mediadores sean  "testigos sociales" y faciliten el diálogo. 

     Sin embargo, el gobierno advirtió que "el establecimiento del  diálogo no representa que el Estado abandone su responsabilidad  constitucional de cumplir y hacer cumplir la ley". 

     El funcionario precisó que "no cesarán las investigaciones tanto  para dar con las dos personas a las que se refieren en sus  comunicados como para actuar en contra de los responsables de los  atentados contra las instalaciones estratégicas de Pemex (Petróleos  Mexicanos) y otros actos delictivos que han sido denunciados". 

     El EPR surgió en 1996 en el sureño estado de Guerrero, y en julio  del año pasado hizo estallar varios artefactos en instalaciones de  Pemex en el centro del país, y repitió sus acciones en el oriente  mexicano. 

     Los atentados no dejaron víctimas, pero miles de empresas de una  decena de estados sufrieron entonces recortes en el suministro de  gas. Fin