RIO DE JANEIRO, 27 abr (Xinhua) -- La victoria del ex obispo  Fernando Lugo en las elecciones presidenciales de Paraguay puso  sobre la mesa del gobierno brasileño el problema del pago de la  energía de Itaipú, convertido por aquél en tema principal de su  campaña. 

     La inclusión del problema en la agenda mostró una considerable  diversidad de puntos de vista entre los integrantes del gobierno y  altos funcionarios del sector energético brasileños. 

     La primera reacción oficial fue precisamente la del presidente  Luiz Inácio Lula da Silva, quien estaba en Africa el día de la  victoria de Lugo y dijo a la prensa brasileña, sobre Itaipú, que  "tenemos un tratado, y éste será mantenido". 

     Mientras el presidente daba a entender que no había nada que  discutir, el ministro de Relaciones Exteriores, Celso Amorim,  ensayaba otro lenguaje, al admitir que Paraguay podría obtener una  remuneración adecuada por su energía, "porque eso es justo". 

     El centro de la cuestión es el tratado concluido entre Brasil y  Paraguay en 1973 para la construcción de la usina hidroeléctrica  binacional de Itaipú, hoy responsable por el 20 por ciento de la  energía usada en Brasil y el 95 por ciento de la utilizada en  Paraguay. 

     Con capacidad de generación de 14.000 megawatts (MW), Itaipú es  todavía - mientras no empiece a operar Tres Gargantas en China- la  mayor hidroeléctrica del mundo, cuya energía es dividida entre los  dos países. 

     De acuerdo con el tratado, vigente hasta 2023, la electricidad  que cualquiera de los dos no utilice será necesariamente vendida al  otro socio, nunca a terceros países. Y será pagada "al precio de  costo". 

     Actualmente, Paraguay utiliza solamente el 5 por ciento de su  parte en la energía, y vende el resto a Brasil, del que recibe 45,31  dólares por MW como pago. 

     El problema es que de ese valor, 42,50 dólares son previamente  destinados al pago de los préstamos obtenidos para financiar la obra,  cuya amortización se extiende hasta 2023. Así, a Paraguay le restan  poco más de 340 millones de dólares al año. 

     Es precisamente contra ese parco dividendo que se levantan los  paraguayos, encabezados por su presidente electo, y utilizan para  ello argumentos a veces un poco exagerados. 

     "Si Brasil tuviese que sustituir la energía paraguaya por gas  natural o petróleo, tendría que gastar 8.000 millones de dólares al  año para pagarlo", dice el ingeniero Ricardo Canese, uno de los  principales asesores de Lugo. 

     Con base en ese argumento, propone "un valor intermediario" entre  los 8.000 millones que Brasil tendría que gastar y los 340 que paga  a su socio. "Como mínimo, unos 2.000 millones de dólares", precisa. 

     El problema es que Brasil decidió construir Itaipu precisamente  para no tener que gastar aquella fortuna en combustible fósil, y  todo el financiamiento fue obtenido por Brasil, que es responsable  por las garantías y el pago. 

     En el otro extremo, el presidente de la Empresa de Pesquisa  Energética (EPE) de Brasil, Mauricio Tolmasquim, señaló que la  contribución de Paraguay a la obra fue "apenas el agua del río  Paraná". 

     Tanto es así, señalan los brasileños, que hasta para integrar el  capital de Itaipu Binacional, la empresa administradora de la usina,  el Banco de Brasil tuvo que prestar su parte (50 millones de dólares)  a los paraguayos, que no tenían esos recursos. 

     Por su parte, José Antonio Muniz Lopes, presidente de Eletrobras,  "holding" estatal del sector eléctrico, sostiene que el tratado  vigente es absolutamente justo, gracias a su "ingeniería financiera  correcta y feliz". 

     En su visión, cualquiera que sea la decisión del gobierno sobre  el tema, "los intereses de los accionistas privados de la empresa no  podrán ser perjudicados" con una eventual reducción de las ganancias.  

     Mientras los "halcones" siguen sosteniendo que nada debe ser  cambiado en el tratado ni en la remuneración de la energía, que está  establecido en el documento, el canciller Amorim trata de elaborar  un camino alternativo. 

     Dando por sentado que el tratado no será renegociado, admite que  Brasil pueda ofrecer a Paraguay otras compensaciones, como la  construcción de una línea de transmisión hasta Asunción, que le  permita disponer de más energía que la actual. 

     Con mucha energía disponible, Paraguay podría transformarse en un  centro atractivo para industrias que utilizan intensivamente  electricidad, como la del aluminio, por ejemplo. 

     También ha mencionado la posibilidad de costear un proyecto de  navegabilidad del río Paraguay, útil para los dos países, que  insumiría alrededor de 1.000 millones de dólares. 

     De cualquier modo, todavía hay tiempo para sostener  conversaciones preliminares: el presidente Lugo asumirá su cargo  hasta agosto, y hasta allá se podrán discutir otras alternativas.  Fin