BOGOTA, 21 abr (Xinhua) -- El gobierno colombiano admitió hoy que  la imagen del país se deteriora por escándalos sobre corrupción y  relaciones del legislativo con grupos paramilitares, aunque descartó  que el tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos pueda  verse afectado. 

     "Lo que ocurre en Colombia afecta su imagen internacional, por  eso nuestro compromiso es mostrar la realidad de lo que ocurre, y el  gobierno de Estados Unidos conoce la aplicación de la justicia en el  país", dijo el canciller Fernando Araújo. 

     Las declaraciones ocurren en medio de dos escándalos que  cuestionan la legitimidad de la reelección del presidente Alvaro  Uribe, así como la honestidad de magistrados de la Corte Suprema de  Justicia y del fiscal general, Mario Iguarán. 

     Araújo admitió que existen naciones que desconocen los perjuicios  que procuraron los paramilitares y el narcotráfico en los diferentes  sectores del país, pero confió en que la campaña del ejecutivo  servirá para aclarar los cuestionamientos. 

     El TLC entre Colombia y Estados Unidos, firmado en noviembre del  2006 por los gobiernos de ambos países, no obtiene aún la aprobación  del Congreso estadounidense debido a la oposición de los  congresistas demócratas. 

     Los legisladores estadounidenses que se oponen al acuerdo  comercial critican la violación de derechos humanos en Colombia,  especialmente los derechos de sindicalistas y desplazados. 

     Tambien exigen resultados de las políticas para solucionar la  crisis que deja en este país andino el conflicto armado, y para  reducir cifras de sindicalistas asesinados. 

     Uno de los efectos de la filtración de paramilitarismo y  narcotráfico precisamente es el cuestionamiento que hay sobre los  servidores públicos en general, cuyos vínculos con ilegales son  denunciados por los ultraderechistas que se desarmaron en 2006. 

     El fiscal Iguarán dijo que no existan elementos que comprueben  nexos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia con  paramilitares, como denunciara el ultraderechista narcotraficante  alias "Macaco". 

     "Macao" cuyo nombre verdadero es Carlos Jiménez, es uno de los ex  jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que será  extraditado a Estados Unidos, por continuar delinquiendo desde los  centros de reclusión pese a los acuerdos del desarme. 

     El titular del ente investigador y acusatorio del estado  colombiano reveló que iniciará una decidida pesquisa para dar con  los responsables de un supuesto complot para afectar la  institucionalidad en el país y hacer recaer sobre ellos todo el peso  de la ley. 

     La ex legisladora Yidis Medina también será objeto de una  investigación por el delito de "cohecho", tras revelar que votó en  el Congreso a favor del proyecto que revivió la figura de la  reelección del presidente de la República tras acordar beneficios  por ello. 

     Medina admitió a medios de comunicaciones locales que el  presidente Uribe y altos funcionarios le ofrecieron prebendas para  que votara a favor de la ley que posibilitó al gobernante permanecer  en el poder cuatro años más. 

     Entre los afectados con las declaraciones se encuentran Iguarán,  el embajador de Colombia en Italia, Sabas Pretelt, y el ministro de  Protección Social, Diego Palacio, quien acusó a Medina de hacer  propaganda a un libro que publicará sobre el caso. 

     Iguarán dijo que pedirá al periodista Daniel Coronell el video  original que contiene la entrevista que realizó a la ex legisladora  y advirtió que el delito por el que sería acusada puede darle hasta  ocho años de cárcel. 

     Los escándalos se suman al reconocido caso de la "parapolítica"  (nexos de políticos con paramilitares) y que denota en Colombia los  vínculos de cientos de servidores públicos con grupos paramilitares  y algunos con guerrilleros. 

     La "parapolítica" deja a 30 congresistas encarcelados y a cientos  de funcionarios y uniformados investigados o destituidos por desviar  dineros a las AUC, por recibir apoyo económico a cambio de enarbolar  sus ideales y actuar en acciones criminales. 

     Las AUC surgieron para combatir las guerrillas que desde la  década de los 60 años defendieron las tierras de los campesinos que  eran usurpadas por terratenientes y ganaderos, pero unos y otros se  convirtieron en ejércitos criminales que se financian con  narcotráfico y secuestro. Fin