Por Gerardo Laborde 

     MONTEVIDEO, 19 abr (Xinhua) -- En una victoria de la oposición en  Uruguay, el gobierno izquierdista afronta fallos adversos de la  Suprema Corte de Justicia en torno a la aplicación de un impuesto a  jubilaciones elevadas. 

     La Reforma Tributaria que rige desde julio de 2007 prevé la  aplicación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a  los ingresos, incluidos salarios y jubilaciones, para hacer más  justo el régimen fiscal. 

     Con el nuevo régimen, el gobierno del presidente Tabaré Vázquez  trató de plasmar una de sus promesas de la campaña electoral de 2004  cuando en cada rincón del país repitió: "que pague más quien tiene más, y menos quien tiene  menos". 

     Al final de cuentas, la política tributaria oficial se convirto  en el mayor dolor de cabeza del gobierno, opinó el analista político  Alfonso Lessa. 

     Cientos de jubilados que presentaron el año pasado recursos de  inconstitucionalidad por el IRPF, comenzaron a recibir en marzo las  sentencias favorables de la Suprema Corte de justicia (SCJ). 

     En el sistema judicial uruguayo, las sentencias de  inconstitucionalidad tienen validez sólo para los casos puntuales  presentados. 

     Los opositores partidos Nacional y Colorado, que apoyaron con  profesionales a los demandantes, exigieron al gobierno la derogación  inmediata del IRPF. 

     Dirigentes del gobernante Frente Amplio (FA) censuraron con  severidad los fallos del máximo tribunal y aseguraron que la Suprema  Corte de Justicia era afín a la oposición. 

     Para el politólogo Oscar Bottinelli, la resolución de la corte es  "la primera gran victoria" que logran los partidos opositores" ante  un gobierno que "reaccionó con sorpresa". 

     Un 50 por ciento de los uruguayos tiene una valoración negativa  sobre el IRPF, de acuerdo a una encuesta difundida por la consultora  Cifra en marzo, aunque el 47 por ciento de la población apoya la política económica oficial. 

     La polémica decisión suscitó el rechazó en el gobierno, el cual  criticó que la Corte Suprema de Justicia declaró constitucionales  impuestos similares aplicados en la década de los 90 del siglo  pasado. 

     El ministro de Economía, Danilo Astori, señaló: "no conozco un  solo sistema de impuesto a la renta en el mundo que los activos y  los pasivos no lo paguen". 

     "La pasividad es un ingreso y ese ingreso, junto a todos los  demás, tiene que pagar impuesto", explicó el funcionario. 

     El IRPF grava los sueldos a partir de 9.000 pesos uruguayos (450  dólares), en un porcentaje que asciende gradualmente al 25 por  ciento para los asalariados de más de 163 mil pesos (8.100 dólares). 

     Según el gobierno, con el polémico impuesto el 88 por ciento de  los pasivos paga igual o menos que con los anteriores gravámenes,  por lo que sólo un 12 por ciento debe aportar más. 

     DISYUNTIVA OFICIAL 

     El dirigente opositor Jorge Larrañaga (del Partido Nacional)  pidió a Vázquez un "gesto de reflexión republicana" y de "respeto al  poder judicial" para que derogue el impuesto en función de los  fallos de inconstitucionalidad. 

     Vázquez hizo caso omiso a la solicitud y anunció el miércoles que  su gobierno esperará que exista un número "prudente de sentencias"  por parte de la SCJ para definir si lo deja sin efecto. 

     El gobierno calcula que si anulara el IRPF, las arcas públicas  perderían el equivalente a unos 85 millones de dólares. 

     El gobierno confía en que la nueva constitución de la Suprema  Corte de Justicia declare constitucional el impuesto tras el retiro  de un magistrado. 

     "Este ejecutivo tiene los pantalones bien puestos, sin permitir  que se nos esté empujando, nos tomaremos el tiempo que consideremos  oportuno, porque es nuestra potestad, es nuestro deber", afirmó  Vázquez. 

     El mandatario reafirmó que adoptará una decisión con "seriedad,  responsabilidad y sobre todo respetando la constitución, la ley y la  separación de poderes". 

     En declaraciones a radio El Espectador, el analista Botinelli  dijo que "el gobierno tiene que decidir qué hacer. Probablemente el  camino que le quede sea la sustitución de este IRPF por algo  parecido". 

     "No puede permitir" que se plantee la situación "de tener un  montón de gente pagando un impuesto y otros en la misma situación no  pagando porque su fallo llegó a tiempo para ser declarado  inconstitucional". 

     "Cuanto más tarde en resolver el tema, cuanto más confronte, todo  indica que se desgasta más. Uno no ve que el gobierno tenga algo  para ganar", concluyó el experto. 

     El presidente Vázquez declinó promover una reforma constitucional  para aspirar a la reelección en las elecciones de 2009, pero el  ministro Astori aparece como uno de los candidatos en el FA para  sucederlo. 

     El Frente Amplio aparece con una ligera desventaja en las  preferencias electorales frente a los dos principales partidos de  oposición. 

     De acuerdo con encuesta de la consultora Factum, el FA capta 42  por ciento de las preferencias electorales y la oposición, 43 por  ciento. Fin