Por Ricardo T. Rivas 

     BUENOS AIRES, 26 mar (Xinhua) -- La crisis estalló una vez más en  las manos de los gobernantes argentinos que, inesperadamente, vieron  como las calles eran ganadas por ciudadanos sin más armas que sus  cacerolas que hacían sonar con fuerza para ser escuchados. 

     Desde los días 19, 20 y 30 de diciembre de 2001 -cuando los ex  presidentes Fernando de la Rúa, primero, y Adolfo Rodríguez Saá,  después, fueron aplastados por el derrumbe de sus gobiernos-,  ninguna otra rebelión había alcanzado la profundidad que se verificó  en la tarde última. 

     Luego de 13 días de huelga de los productores agropecuarios,  colonos y ruralistas que rechazan desde entonces un incremento que  llevó hasta el 44 por ciento del valor de sus operaciones externas  los pagos que deben hacer en concepto de derechos de exportación  (retenciones), un discurso presidencial desató furias y pasiones. 

     Cristina Fernández, desde el Salón Blanco de la Casa Rosada (sede  del gobierno federal), acusó a los huelguistas de ser "piqueteros de  la abundancia" económica y, desde ese lugar, advirtió: "No me voy a  someter a ninguna extorsión". 

     Su palabra e impronta gestual, enfáticas -"agresiva", según  numerosos observadores- operó como un catalizador que en lugar de  aislar a los demandantes como lo procuraba, inició el estallido que  nadie esperaba, especialmente, en las calles de esta capital, y  aisló a la mandataria. 

     Miles de hombres, mujeres y niños se lanzaron a las calles hasta  alcanzar la histórica Plaza de Mayo donde dieron rienda suelta a sus  quejas y reproches. 

     Las gruesas paredes de la Casa Rosada, desde 2001 separadas para  siempre de la sociedad argentina con enormes rejas, no fueron  suficientes, sin embargo, para que las voces enardecidas no fueran  escuchadas. 

     La realidad de la protestas, por primera vez, llegó con claridad  hasta los oídos de la presidenta Fernández y sus principales  colaboradores. 

     Los habitantes de la ciudad, generalmente sordos a la palabra del  campo a la vez que ignorantes de la realidad rural, habían dejado  sus hogares para apoyar a colonos y campesinos en sus reclamos  contrarios a las retenciones. 

     El gobierno y la mandataria Fernández aparecieron en estado de  orfandad de apoyos. Sólo dos gobernadores, Jorge Capitanich, del  Chaco, y Sergio Uribarri, de Entre Ríos, la acompañaron en el  momento que expresó las palabras de la discordia. 

     Tampoco estaba a su lado el secretario general de la  Confederación General del Trabajo (CGT), Hugo Moyano -también líder  del Sindicato de Camioneros- para acompañarla. 

     En cambio, sí pareció hacerlo esa entidad sindical a través de  Pablo Moyano, hijo del anterior, que como secretario adjunto del  gremio, intentó durante los pasados domingo y lunes poner fin a los  cortes de rutas de los ruralistas. 

     El conflicto con el campo argentino es grave debido a que  trasciende los límites internos porque, si bien comienza y se  desarrolla aquí, alcanza con sus efectos no deseados hasta China. 

     Ese país es principal comprador de los productos agropecuarios  que en las últimas dos semanas no se han comercializado por la  huelga de productores a los que el Gobierno podría, en las próximas  horas, prohibirles exportar.  

     Cristina Fernández, aunque ninguna fuente oficial autorizó ser  identificada para admitir lo obvio, conoció el sabor amargo de la  soledad que le produjo la incomprensión popular. 

     Atrapado por su propio discurso, el Gobierno no pudo ordenar a  las fuerzas policiales que dispersaran a los manifestantes que se  agruparon en más de 400 puntos viales, pueblos, plazas y ciudades,  en todo el país. 

     Desde el 25 de mayo de 2003, cuando el ahora primer caballero  Néstor Kirchner asumió la presidencia, manifestantes de toda  extracción -sin que nada ni nadie lo impidiera- canalizaron sus  reclamos al pasado y al presente, impidiendo la libre circulación  vial y no sólo en el plano doméstico. 

     El propio Kirchner, 22 de los 24 gobernadores provinciales y la  totalidad del Gabinete, dos años atrás, en Gualechaychú, provincia  de Entre Ríos, legitimaron esa forma de protesta cuando se sumaron a  los piquetes ambientales que impiden la libre circulación por los  pasos fronterizos que unen a Argentina con Uruguay. 

     Ni siquiera es anomia el padecimiento social en Argentina porque,  a no dudarlo, las normas están, aunque se incumplan. 

     De allí que no son pocos los informantes de Xinhua que aseguran  que organizaciones sociales aliadas al gobierno, "piqueteros  oficialistas", asumieron la responsabilidad de que los manifestantes  dejaran de expresarse en la Plaza de Mayo, en la cara de los  poderosos, porque así se lo solicitaron las máximas autoridades  nacionales. Fin