En Estados Unidos, los abusos de poder por parte de los  departamentos judiciales y policiales han dado lugar a graves  violaciones de las libertades y los derechos de sus ciudadanos. 

     Los casos en los que las autoridades encargadas de la  aplicación de la ley vulneraron los derechos civiles de las  víctimas aumentaron en un 25% desde el año fiscal 2001 a 2007  respecto a los siete años anteriores, según estadísticas del  Departamento de Justicia de Estados Unidos (Police Brutality Cases up 25%; Union Worried Over Dip in Hiring Standards, USA Today, 18  de diciembre de 2007). El promedio nacional de quejas de  ciudadanos por abusos perpetrados por los departamentos policiales es de 9,5 por cada 100 funcionarios de plantilla (The New York  Times, 14 de noviembre de 2007). Sin embargo, la mayoría de los  oficiales encargados de la aplicación de la ley que habían sido  acusados de brutalidad policial no fueron finalmente procesados.  Desde mayo de 2001 a junio de 2006, un total de 2.451 agentes  policiales de Chicago recibieron entre 4 y 10 quejas cada uno y  662 de ellos afrontaron más de 10 reclamaciones, pero sólo 22  fueron sancionados. Además, algunos agentes llegaron a acumular  más de 50 demandas por abuso policial pero nunca se les aplicó  ninguna medida disciplinaria (The Chicago Police Department's  Broken System, Universidad de Chicago, http://www.law.chicago.edu). El 17 de agosto de 2006, una residente de 52 años de edad de  Chicago llamada Dolores Robare estuvo a punto de ser atropellada  por un coche de policía que se desplazaba a gran velocidad cuando  ella cruzaba la calle. Los agentes la obligaron a detenerse y le  exigieron que mostrara su tarjeta de identificación. Cuando les  preguntó por qué estaban tardando tanto en comprobarla, fue  brutalmente golpeada por los polícías (The Chicago Tribune, 1 de  mayo de 2007). El 15 de diciembre de 2006, cuatro hombres de  negocios fueron apaleados en un bar por seis agentes policiales  fuera de servicio sin ninguna razón aparente (The Chicago Tribune, 9 de junio de 2007). El 3 de agoso, un ciudadano afroamericano de  42 años de edad, Geffrey Johnson, fue asesinado en su casa por la  policía con un Taser (arma que realiza descargas eléctricas). El 6 de agosto, un joven negro de 18 años, Aaron Harrison, fue  disparado por la espalda por un policía que le perseguía y murió  como consecuencia de las heridas (The Chicago Tribune, 9 de agosto de 2007). El 1 de mayo cuando inmigrantes latinoamericanos  participaban en una campaña por la defensa de los derechos de los  inmigrantes ilegales en el Parque MacArthur en el centro de Los  Angeles, varios agentes policiales aporrearon en un abuso de poder tanto a manifestantes como a periodistas, y les dispararon con  balas de goma (The Los Angeles Times, 9 de octubre de 2007). El 12 de noviembre, cinco agentes del orden realizaron 20 disparos de  bala contra un joven de 18 años, Khiel Coppin, de los que ocho  alcanzaron su cuerpo, frente a su vivienda, después de confundir  un peine que tenía en la mano con una pistola (The China Press,  Nueva York,19 de noviembre de 2007). De acuerdo con un informe  publicado en octubre de 2007 por el Departamento de Justicia de  Estados Unidos, en 47 estados y el Distrito de Columbia, 2.002  personas fallecieron durante el proceso de arresto desde 2003 a  2005, entre ellos, 1.095, o el 55 por ciento, resultaron muertos  por disparos de policías locales o estatales (Death in Custody  Statistical Tables, Departamento de Justicia de Estados Unidos,  http://www.ojp.usdoj.gov/bjs). 

     Estados Unidos cuenta con el mayor número de presos en el mundo y tiene la tasa más alta en la proporción presos-población del  planeta. El 5 de diciembre de 2007, un reportaje de la agencia de  noticias española EFE citó estadísticas del Departamento de  Justicia de Estados Unidos que mostraban que el número de reclusos en las cárceles del país norteamericano aumentó en un 500% durante los últimos 30 años. A finales de 2006, había 2,26 millones de  internos en las prisiones de Estados Unidos, un incremento del 2,8% respecto al año anterior. Esta cantidad es la más alta de los  últimos seis años. La población del país norteamericano sólo  suponía el 5% de la del planeta, pero su población presa  representaba el 25% del total mundial. Había 751 reclusos por cada 100.000 ciudadanos estadounidenses, muy por encima de las tasas de otros países occidentales (EFE, 5 de diciembre de 2007). El 96% de los presidiarios estaba cumpliendo penas de más de un año, lo que  suponía que casi uno por cada 200 ciudadano estadounidenses  estaban cumpliendo este tipo de sentencias (Prisoners In 2006,  Departamento de Justicia de Estados Unidos, http://www.ofp.usdoj. gob/bjs). Desde los ataques del 11 de septiembre, la tasa de  reencarcelamiento ha venido creciendo en Estados Unidos. Según las estadísticas, cerca de dos tercios de la población presa  cometerían un segundo delito en un período de tres años después de su puesta en libertad. Dos de cada tres presos volverían a ser  detenidos después de haber conseguido su libertad y el 40% de  ellos entraría en la cárcel de nuevo.

     Los abusos en las prisiones estadounidenses son también  corrientes. De acuerdo con un informe publicado por el  Departamento de Justicia de Estados Unidos en diciembre de 2007,  un número estimado de 60.500 reclusos, o el 4,5% de los presos en  cárceles estatales y federales, sufrieron uno o más ataques  sexuales. El 2,9% informó haber sufrido incidentes en los que  había estado involucrado el personal de las instalaciones  penitenciarias, mientras el 0,5% afirmó haber sido atacado  sexualmente por otros presos y por el personal penitenciario, y el 0,8% resultó herido como resultado de agresiones sexuales (Sexual  Victimization in the State and Federal Prisons Reported by Inmates, Departamento de Justicia de Estados Unidos, http://www.ojp.usdoj. gov/bjs). El gobierno de Estados Unidos reconoció en un informe  publicado el 16 de enero de 2007 que inmigrantes ilegales  sospechosos fueron maltratados en cinco prisiones, lo que supone  una violación del principio de custodia humanitaria (The  Washington Post, 17 de enero de 2007). The Washington Post publicó el 17 de diciembre de 2007 que jóvenes encarcelados en una prisión juvenil de West Texas fueron agredidos sexualmente o apaleados y  se les negó el acceso a tratamiento médico. A quienes informaron  sobre el crimen se les aplicó una dura venganza, y la situación no había mejorado meses después de que el escándalo fuera revelado ( Dad Dismissed Prison Reform, The Washington Times, 17 de diciembre de 2007). En enero de 2008, siete presos de la cárcel del estado  de Georgia presentaron una demanda colectiva en la que acusaban a  los guardias y otros funcionarios del centro de haber cometido  abusos y torturas contra ellos entre octubre de 2005 y agosto de  2007, incluyendo prácticas tales como golpearles con bastones  policiales y "guantes de pelea" especiales de piel negra, y hacer  chocar sus cabezas contra la pared. Las informaciones de los  medios de comunicación indicaban que cerca de 40 encarcelados en  las prisiones de Georgia habían presentado quejas por casos  similares, en los cuales los guardias presuntamente ataban a los  presos desnudos a camas o sillas de hierro, negándoles el acceso a comida, agua o baño durante un período de hasta 48 horas, y  provocando la muerte de dos presos (International Herald Tribune,  8 de enero de 2008). Los guardias en las prisiones de Estados  Unidos usan regularmente pistolas Taser. De acuerdo con un informe de 2007 de Amnistía Internacional, 230 ciudadanos estadounidenses  murieron por el uso de este tipo de armas desde 2001. En julio de  2006, una prisión en el condado de Garfield, Colorado, fue acusada de utilizar regularmente estas pistolas o pulverizadores de  pimienta contra los presos, y de atarles después a sillas en  posturas extrañas durante varias horas. En agosto, un preso  llamado Raul Gallegos-Reyes fue amarrado a una silla por los  guardias de la cárcel del condado de Arapahoe de Colorado por  gritar y golpear la puerta de su celda. Murió después de haber  sido atacado repetidamente por los guardias con un Taser. 

     Los prisioneros estadounidenses mueren con frecuencia de la  infección de VIH/SIDA o una inadecuada atención médica. Un informe dado a conocer por el Departamento de Justicia de Estados Unidos  en septiembre de 2007 señalaba que había 22.480 encarcelados en  prisiones estatales y federales que eran portadores del VIH o  enfermos confirmados de SIDA a finales de 2005, entre ellos un  total de 5.620 presos se confirmó que habían desarrollado la  enfermedad del SIDA. Durante 2005, un número estimado de 176  reclusos estatales y 27 federales murieron por causas relacionadas con SIDA (HIV in Prisons 2005, Departamento de Justicia de Estados Unidos, http://www.ojp.usdoj/bjs). De acuerdo con una información  de Los Angeles Times del 20 de septiembre de 2007, se registraron  426 casos de muerte en las prisiones de Cailfornia en 2006 debido  a un tratamiento médico tardío. De ellos, 18 fallecimientos fueron considerados como "evitables" y otros 48 como "posiblemente  evitables". El 14 de abril de 2007, un recluso diabético de 41  años de edad, Rodolfo Ramos, murió después de haber sido  abandonado solo y cubierto por sus propias heces durante una  semana. Los funcionarios de la prisión no le proporcionaron  tratamiento médico pese a conocer su condición (AP, 27 de abril de 2007). 

     La justicia del sistema judicial de Estados Unidos está cada  vez más en entredicho. Varios estudios muestran que desde la  primera exoneración por ADN en 1989, ha habido 209 casos en los  que se ha podido demostrar la inocencia de presos en el país  norteamericano por estas pruebas. El promedio de duración del  tiempo que han servido estos presos exonerados en cárcel es de 12  años. La edad media en el momento de su condena era de 26 años, y  15 de los exonerados a través de pruebas de ADN pasaron un tiempo  en la fila de la muerte (Facts on Post-Conviction DNA Exonerations, Innocence Project, http://www.innocentproject.com). La agencia AP  informó el 3 de enero de 2008 que Charles Chatman de Texas fue  probado inocente por ls prueba de ADN después de haber pasado 26  años en prisión. En 1981, había sido sentenciado a 99 años de  cárcel después de ser declarado culpable de haber cometido graves  ataques sexuales. Fue el decimoquinto preso exonerado por la  prueba de ADN en Dalas desde 2001 (Texas Man Exonerated by DNA  After 26 Years, AP, 3 de enero de 2008).