BEIJING, 23 dic (Xinhua) --
La Asamblea Popular Nacional (APN) de China, el máximo órgano legislativo
del país, comenzó hoy a debatir el borrador de la primera ley destinada a
la protección de los activos estatales.
El proyecto, cuyo principal objetivo es prevenir la
apropiación ilegal de los activos estatales y mantener la base del sistema
económico nacional, fue sometido esta mañana para su revisión a
la 31ª sesión del Comité Permanente de la X APN, inaugurada hoy y
que concluirá el próximo 29 de diciembre.
Shi Guangsheng, vicepresidente de la Comisión
Financiera y Económica de la APN, considera que la reforma del sistema de
gestión de los activos estatales y de las empresas estatales ha
resultado efectiva pero todavía existen problemas sin resolver.
"La pérdida de activos estatales durante el proceso
de reforma es grave, ya que algunas empresas estatales venden sus activos
a precios bajos, los distribuyen gratuitamente o se apoderan de
ellos por otros medios, lo que ha provocado un profundo malestar
entre la población", afirma Shi.
El parlamentario también subrayó que numerosos
legisladores han propuesto la elaboración de una ley sobre activos
estatales en los últimos años y es necesario elaborar una ley específica
para proteger los bienes estatales, tras la entrada en vigor el 1 de
octubre de la Ley de Propiedad, que ofrece protección equitativa a la
propiedad estatal y privada.
El Comité Permanente de la APN incluyó la
promulgación de la ley en la agenda legislativa de 2007 y ha realizado
investigaciones, seminarios y consultas para la elaboración del
borrador, subrayó Shi.
Con nueve capítulos y 76 cláusulas, el borrador
estipula que el Gobierno central debe establecer un sistema presupuestario
para la operación de los activos estatales, gestionando los ingresos y
las inversiones.
Los beneficios obtenidos por lsa compañías estatales
deben pasar a formar parte de los activos estatales, mientras que los
ingresos derivados de la transferencia de activos y los ingresos que
pertenecen a éstos durante los procesos de auditoría de las empresas
estatales deben estar incluidos en el presupuesto, indica el
borrador.
Asimismo, el proyecto detalla los procedimientos
para la reestructuración de las empresas estatales y estipula que los
activos en manos de estas compañías deben ser calculados, auditados
y fiscalizados con precisión antes de proceder a la reestructuración o
transferencia de la propiedad, operaciones estas últimas que deben
realizarse a un precio razonable.
Por otra parte, los procesos de fusión,
reestructuración y solicitud de bancarrota de las empresas estatales han
de contar con la opinión de sindicatos y empleados.
El proyecto prohíbe tajantemente a los responsables
de la gestión de las empresas estatales la adopción de medidas que
puedan ser consideradas malversación de activos estatales, y
establece que los responsables de este tipo de actos y los que
transfieran activos estatales a precios extraordinariamente bajos y
causen pérdidas económicas serán sancionados.
China inició dos décadas atrás un proceso de reforma
de sus empresas estatales, el cual ha conducido a la transformación de
compañías cuyo capital pertenecía exclusivamente al Estado en firmas
de propiedad mixta, llegando incluso a la completa privatización.
La Constitución china establece que la propiedad
pública debe funcionar como principal motor de la economía de mercado
socialista, en la que la economía privada es un componente
principal.
Según las últimas estadísticas facilitadas por la
Comisión de Administración y Supervisión de Activos Estatales, en 2006
existían en China cerca de 120.000 empresas estatales, incluidas en
éstas aquellas de capital mixto con una participación mayoritaria del
Estado, las cuales contaban con activos valorados en más de 9,7 billones
de yuanes (1,33 billones de dólares USA). Fin