BEIJING, 28 oct (Xinhua) -- La máxima legislatura de China  clausuró hoy su sesión bimestral de cinco días, en la cual aprobó el  nombramiento del nuevo ministro de Seguridad Pública del país y  cuatro proyectos de ley. 

     Los legisladores votaron a favor del nombramiento de Meng Jianzhu,  ex jefe del Partido Comunista de China (PCCh) en la provincia  Jiangxi, este de China, como el nuevo ministro de Seguridad Pública  del país. 

     Meng, nacido en 1947, sustituye a Zhou Yongkang, quien fue  elegido miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité  Central del PCCh en la primera sesión plenaria del XVII Comité  Central del PCCh a principios de la semana pasada. 

     El Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional también  adoptó el Proyecto de Enmienda a la Ley de Abogados del país, ley  que tiene casi 10 años de existencia, lo cual facilitará que los  abogados se reúnan con los presuntos criminales y obtengan evidencia.  

     La enmienda estipula que los abogados, siempre y cuando tengan los  documentos requeridos, tales como su certificado de practicante  legal, están facultados a reunirse personalmente con presuntos  criminales o acusados una vez que los órganos judiciales hayan  concluido su interrogatorio inicial o tomado las medidas  obligatorias. 

     Los abogados defensores y presuntos criminales no serán  supervisados cuando sostengan una conversación, indica la enmienda,  y los abogados defensores tienen derecho a revisar todos los  expedientes y materiales relacionados con el caso. 

     Los abogados defensores tienen derecho a solicitar a los órganos  de procesamiento y a los tribunales populares que reúnan y  proporcionen la evidencia correspondiente y usar a los tribunales  para que los testigos presenten testimonio en el tribunal. 

     Los legisladores también votaron a favor de aprobar el Proyecto  de Ley de Planificación Urbana y Rural destinado a prohibir  "proyectos de vanidad" o los proyectos de bienes raíces  ostentosamente innecesarios, considerados frecuentemente como  resultado de la búsqueda a ciegas del desarrollo urbano. 

     La nueva ley estipula que los planes de desarrollo urbano y rural  deben ser realizados de acuerdo con los principios de conservación  de los recursos de la tierra, protección medioambiental, protección  del patrimonio cultural, prevención y ayuda por desastre, salud  pública y seguridad pública. 

     Funcionarios gubernamentales u otros responsables de  planificación urbana o rural que abusen de sus cargos, enfrentarán  procesos penales o se les impondrán castigos administrativos de  acuerdo con la gravedad de su mal proceder. 

     Los inmuebles ilegales no incluidos en los planes de desarrollo  urbanos y rurales deben ser derribados y los individuos u  organizaciones responsables serán multados con hasta 10 por ciento  del valor total del inmueble. Si se rehúsan a derribar los inmuebles  ilegales, éstos serán confiscados. 

     Para garantizar la participación y supervisión públicas, la nueva  ley dice que los planes de desarrollo urbanos y rurales deben ser  dados a conocer para garantizar que la opinión pública pueda influir  en el proceso de planificación y para evitar que funcionarios del  gobierno local enmienden arbitrariamente los planes. 

     Otras dos enmiendas de ley fueron adoptadas en la sesión de  clausura de hoy, incluyendo al Proyecto de Enmienda a la Ley de  Conservación de Energía y al Proyecto de Enmienda a la Ley de  Procedimiento Civil. 

     Para garantizar que la política de ahorro de energía del país sea  cumplida fielmente por los gobiernos locales, la Enmienda a la Ley  de Conservación de Energía dice que el trabajo realizado por  funcionarios del gobierno local en conservación de energía debe  estar integrado a la evaluación de su desempeño político. 

     También estipula que los estándares de ahorro de energía en la  industria de construcción deben ser más estrictos que los  establecidos por el gobierno central y por las asociaciones  industriales porque el ahorro de energía en inmuebles está  relacionado estrechamente con la situación geográfica local. 

     La ley modificada, que casi duplica los artículos de la original,  detalla las medidas para evitar desperdicio de energía, mejorar la  eficiencia energética y reducir las emisiones de contaminantes. 

     Otras medidas de ahorro de energía incluyen a un control estricto  de la temperatura interior en edificios públicos y las restricciones  a luces decorativas de grandes edificios. 

     En un programa quinquenal hasta 2010, China prometió reducir el  consumo de energía por unidad del producto interno bruto (PIB) en 20  por ciento ó 4 por ciento cada año. Sin embargo, el consumo en  realidad cayó en sólo 1,23 por ciento el año pasado. 

     La enmienda a la Ley de Procedimiento Civil de 16 años de  existencia ayudará a resolver el problema duradero de que los fallos  de los tribunales civiles no son llevados a cabo. 

     Los tribunales chinos descubrieron que en 2006, 2,13 millones de  fallos sobre casos civiles no habían sido llevados a cabo en la  fecha debida. Casi la mitad de esos fallos aún tienen que ser  llevados a cabo, y los veredictos siguen siendo palabras huecas en  un pedazo de papel judicial. 

     La Enmienda multiplica por un factor de diez las multas para  quienes se rehúsen a ejecutar el fallo de un tribunal civil, las  multas ascienden de 1.000 a 10.000 yuanes (1.300 dólares USA) para  los infractores particulares, y de 30.000 a 300.000 yuanes (39.000  dólares USA) para las compañías. 

     La ley también indica que quien se rehúse a cooperar con los  tribunales civiles para asegurar que se ejecute un fallo podría ser  detenido.