SANTIAGO, 9 may (Xinhua) -- La coalición gobernante de Chile  reiteró hoy que aplicará la mayoría que tiene en el senado para  materializar una ley que termine con los abusos que se cometen en  materia laboral bajo la figura de la subcontratación. 

     La presidenta chilena Michelle Bachelet pidió que el proyecto de  ley sea aprobado antes del 21 de mayo, fecha en que se realiza la  tradicional rendición de cuenta del gobierno ante el Congreso Pleno. 

     Aunque cuenta con la mayoría en el Senado, el gobierno intenta  sumar las propuestas de la oposición de derecha, la que, pese a  estar de acuerdo en general con el proyecto, tiene aprensiones en  varios puntos. 

     La idea original es que el proyecto, que está en el Congreso  desde 2002, tuviera mayor respaldo político, lo que permitiría una  mayor aceptación de los empresarios, quienes tendrán que modificar  los mecanismos para relacionarse con los trabajadores. 

     El gesto de incorporar a la oposición se interpretó como un deseo  del gobierno de flexibilizar la negociación, como un precedente para  cuando se requiera quórum mayor que la "mayoría simple", en  proyectos como la reforma al sistema electoral binominal, que  necesitan los votos de la derecha. 

     Más allá de las implicaciones económicas de la iniciativa, lo que  está en juego es la relación que tendrá en los próximos años el  gobierno con la oposición. 

     El proyecto de la subcontratación es complicado por su carácter  técnico y los matices políticos que encierra respecto a la relación  empresa-trabajador. 

     PRACTICA DE SUBCONTRATACION 

     La práctica de la subcontratación es una tendencia muy extendida  en el mundo occidental. 

     En Chile, el sistema de subcontratación consiste en de la  relación contractual entre una empresa (mandante) que requiere  personal para actividades que no son relativas a su giro, y una  empresa externa (contratista) que le proporciona gente para que  realice esas funciones. 

     En las "mandantes" se incluyen empresas públicas como la  Corporación del Cobre (Codelco) y privadas, como las grandes mineras  transnacionales, y en las "contratistas" hay muchas medianas y  pequeñas, que ofrecen, generalmente, todo tipo de servicios o  producciones especializadas. 

     Sin embargo, la ley vigente permite que esa difundida práctica de  "subcontratación" se preste para que se cometan diversos abusos o  irregularidades. 

     Por ejemplo, una empresa mandante que subcontrata personal se  desliga del pago previsional que legalmente debiera corresponderle a  cada trabajador, y tampoco debe lidiar con sindicatos, negociaciones  colectivas o pliego de peticiones. 

     En mayo de 2002 el proyecto de ley llegó al Congreso, sin embargo  su avance ha sido lento. 

     En abril de 2004 la iniciativa pasó por su primer trámite en el  Senado y en noviembre, al calor de las elecciones presidenciales y  de una huelga de trabajadores subcontratados en Codelco, el texto  volvió al centro de la discusión y hoy se encuentra en el tercer  trámite constitucional. 

     TRES PUNTOS DIVERGENTES DEL PROYECTO DE LEY 

     Durante su paso por el Congreso, el proyecto ha recibido 161  modificaciones. Pero son tres las que han provocado las primeras  diferencias entre trabajadores y empresarios en las últimas semanas. 

     La primera indicación se denomina "responsabilidad solidaria" e  implica que si el contratista no paga las obligaciones previsionales,  el trabajador puede demandar a la empresa mandante, que ya no sería  "subsidiaria" sino "solidaria" en el proyecto. 

     La demanda pueden hacerla las cajeras, los guardias y  trabajadores de aseo, quienes generalmente pertenecen a la empresa  externa, pero responden a las órdenes del personal ejecutivo de la  mandante. 

     Otra indicación es aquella que amplía la definición de empresa,  lo que para efectos laborales suprimiría el concepto de "razón  social". Almacenes París, por ejemplo, tiene 150 razones sociales,  todas son empresas distintas que sin embargo pertenecen al mismo  consorcio. 

     Dicha condición implica que un trabajador de una gran tienda  cumple funciones para una razón social, pero debe negociar su sueldo  con otra y formar sindicato en una distinta, aunque en todos los  casos el uniforme que utiliza sea el mismo. 

     Esta situación, entre otras consecuencias, dispersa a los  trabajadores de tal modo que no alcanzan el número suficiente para  formar un sindicato. A veces en una gran tienda de Santiago  coinciden vendedores contratados por diez empresas distintas. 

     La tercera indicación en discordia amplía el concepto de  subcontratación no sólo a una tarea, sino para cualquier actividad  laboral que se lleve a efecto entre el trabajador y un tercero, como  una asesoría legal, comunicacional o docente. 

     POSICION DE TRABAJADORES 

     La presidenta Bachelet ha señaladola necesidad de que a través de  este proyecto de ley se termine con los abusos que se cometen  actualmente contra un millón y medio, por lo menos, de chilenos que  viven la situación del subcontrato. 

     Según cifras oficiales, en Chile hay unos cuatro millones de  personas que trabajan asalariadamente bajo la regulación de un  contrato y actualmente se registran 518.600 personas cesantes. 

     El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT),  Arturo Martínez, ha insistido en que "las tasas de cesantía son  altas y hay muchos empresarios que se aprovechan de ello para dar  empleo de mala calidad y negar derechos". 

     A juicio del líder sindical, el proyecto de ley debe aprobarse a  la brevedad, dada la precariedad que viven los trabajadores  sometidos a este sistema de subcontratación, que representa más de  40 por ciento de la mano de obra del país. 

     "Queremos estabilidad laboral, exigimos terminar con la  desprotección social, el abuso y la sirvengüenzura de los  empresarios", señaló. 

     No sólo la CUT exige la aprobación de esta ley, sino también la  conferencia de obispos católicos y los partidos Comunista y  Humanista. 

     El gobierno insistirá en obtener los votos de la oposición de  derecha, la que tampoco quiere desligarse de la aprobación de una  ley de involucra a un gran por ciento de la fuerza laboral. En  cualquier caso su aprobación en los próximos días se da como un  hecho. Fin