RIO DE JANEIRO, 7 may (Xinhua) -- La
decisión de los últimos gobiernos brasileños en favor del uso intensivo
del gas natural boliviano necesitó pocos años para revelarse equivocada, y
ha sido puesta en jaque por la reciente nacionalización.
El anuncio del presidente boliviano Evo Morales de
reestatizar el control de los hidrocarburos de su país, además de
representar el cumplimiento de una promesa preelectoral, pone en manos de
su gobierno la facultad de decidir sobre los nuevos precios del
producto.
Las grandes reservas de gas natural en el sur de
Bolivia, descubiertas por varias multinacionales petroleras en la década
de 1980, tenía como único mercado posible Argentina, que hasta 1992 fue
la principal compradora de ese combustible.
Pero al alcanzar la autosuficiencia y llegar a su
fin el contrato de importación de gas boliviano, Argentina dejó de comprar
y las multinacionales quedaron sin saber qué hacer con sus enormes
reservas de gas natural.
Fue entonces cuando el presidente brasileño Fernando
Collor de Mello (1990-92) aceptó firmar un acuerdo para la construcción
del gasoducto Bolivia-Brasil, que abriría un nuevo mercado para el
combustible del país andino.
Al principio, el costo de la obra, que atravesaría
el continente en el sentido ecuatorial, sería cubierto en su mayoría por
las grandes empresas petroleras. Sin embargo, durante los gobiernos de
Itamar Franco (1992-94) y Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), los
gastos fueron asumidos crecientemente por Brasil.
Paralelamente a su construcción, la empresa
petrolera estatal Petrobras fue asumiendo un creciente papel en Bolivia,
donde terminó por encontrar nuevas y considerables reservas de gas y
asumió el control de las dos mayores refinerías del país vecino.
Cuando el gasoducto empezó a funcionar, en 1999,
Brasil importaba apenas seis millones de metros cúbicos diarios de gas,
volumen que se duplicó tres años después, porque no había un mercado
brasileño para ese combustible.
Por lo tanto, fue necesario que Petrobras
convenciera a los industriales brasileños de la conveniencia de utilizarlo
para sustituir el gasoil y otros combustibles más caros, y ofreciera
garantías de suministro en el futuro.
Hasta entonces, el gas boliviano resultaba
enormemente caro, pues los acuerdos entre los dos gobiernos establecían
que Brasil pagaría un mínimo de 20 millones de metros cúbicos diarios,
aunque en realidad utilizara la mitad de ese volumen.
Con la ampliación del mercado brasileño ese
inconveniente desapareció, y se llegó a la situación actual en que se
importan 26 millones de metros cúbicos por día para un consumo nacional de
42 a 45 millones de metros.
En las nuevas condiciones, la industria de Sao
Paulo, el principal centro industrial del país, consume 75 por ciento de
gas boliviano contra 25 por ciento de gas nacional.
En los estados del sur de Brasil esa proporción
llega a 100 por ciento.
La nacionalización decretada por Evo Morales y la
decisión de aumentar los precios del gas ponen a esas industrias ante la
alternativa de encontrar rápidamente otra fuente de energía o asumir
el aumento de sus costos debido al encarecimiento del combustible.
Es verdad que Brasil cuenta con reservas importantes
de gas natural -sólo la cuenca de Santos tiene reservas de 419.000
millones de metros cúbicos-, pero su plena producción sólo será posible
alrededor de 2015.
La actual producción de la cuenca de Campos sólo es
capaz de abastecer al estado de Río de Janeiro y muy parcialmente al
noreste de Brasil, en particular el estado de Bahía.
También hay mucho gas en la Amazonia, pero no hay
como traerlo a la región consumidora.
Brasil se volvió rehén del gas boliviano, y tendrá
que sacrificar el amor propio nacional para obtener un acuerdo con el
gobierno de Morales, que por lo menos le asegure el abastecimiento, así
sea por un precio mayor. Fin