LIMA, 2 may (Xinhua) -- A lo largo de su historia, Bolivia ha  nacionalizado tres veces sus hidrocarburos. Sin embargo, en las dos  primeras, retornó con el tiempo a la privatización de las mismas. 

     El gobierno militar del coronel David Toro, en 1937, expropió a  la empresa norteamericana Standar Oil Company con el pago de una  indemnización de Un millón 700.000 dólares y sobre esa base fundó la  estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). 

     Luego, bajo el régimen castrense del general Alfredo Ovando (1969- 1970) se expropió la también estadounidense Gulf Oil Company con un  pago de 78 millones de dólares y YPFB tomó el control de los  yacimientos, estimados entonces en 3.600 millones de barriles de  petróleo. 

     En 1996, durante el primer mandato constitucional de Gonzalo  Sánchez, se inició un proceso de privatización al descubrirse  bolsones de gas natural, en el que participaron varios consorcios de  capitales estadounidenses, hispano-argentinos, franceses, británicos  y brasileños. 

     Este lunes, durante la celebración el Día Internacional del  Trabajo y al cumplir 100 días en el sillón presidencial de Palacio  Quemado, Evo Morales, mediante Decreto Supremo, estableció la  tercera nacionalización en cumplimiento con una de las ofertas  electorales que lo catapultaron por la vía democrática a la jefatura  de Estado. 

     En esta ocasión, a diferencia de las anteriores nacionalizaciones  en las que hubo un pago por parte del Estado, el gobierno recuperó  el control de los hidrocarburos y otrorgó un plazo de 180 días a las  empresas con operaciones en Bolivia para adecuarse a la norma legal  que recoge la ley de Hidrocarburos promulgada en junio pasado. 

     De esta forma, el país altiplánico asume el control total de la  comercialización de los energéticos a nivel nacional y en las  exportaciones, con el establecimiento de precios, volúmenes y  condiciones, a la vez promoverá la industrialización del petróleo y  del gas. 

     Asimismo dispone que 82 por ciento de la producción sea entregada  a la estatal YPFB y el resto (18 por ciento) a las empresas que  explotan la riqueza. 

     La medida, puesta en vigencia este lunes en el departamento  sureño de Tarija, donde se concentra 85 por ciento de los  yacimientos gasíferos, cambia en fondo y forma el valor de la  producción. 

     Las empresas transferían por concepto de tributos y regalías casi  50 por ciento de su producción. Ahora se agrega 32 por ciento más  para financiar las actividades de YPFB, lo que significa que las  arcas estatales incrementarán su recaudación anual de 460 a 780  millones de dólares. 

     La decisión del gobierno de Morales fue respalda por la gran  mayoría de los bolivianos, que adicionalemente acompañaron a  efectivos de las Fuerzas Armadas a tomar posesión de los diferentes  campos de petróleo y de gas. 

     "Las empresas que han dicho que no van invertir que se vayan, y  las que quieren someterse al decreto supremo, a la constitución y al  pueblo boliviano serán bienvenidas", puntualizó Morales ante un  eufórico pueblo. 

     "Se acabó el saqueo de nuestros recursos naturales por empresas  extranjeras", acotó con severidad el jefe de Estado de extracción  indígena, tras añadir que la medida obedece al clamor popular y a la  necesidad de buscar un modelo económico de acuerdo a la realidad  boliviana "con dignidad y soberanía". 

     En sus discursos, tanto en Yacuiba, donde firmó la norma legal de  nacionalización, como en en La Paz, donde encabezó una manifestación  por el Día del Trabajo, Morales deslizó la posibilidad de que en un  futuro cercano podrán ser nacionalizados los recursos mineros y  forestales, entre otros. 

     La Cámara Nacional de Hidrocarburos, que reúne a las empresas que  explotan el petróleo y el gas, no ha emitido algún pronunciamiento,  sin embargo se mencionó que sus voceros se abocarán al estudio de la  norma a fin de asumir una posición, sin descartarse la posibilidad  de que acudan a tribunales internacionales para el arbitraje. 

     Bolivia posee reservas de gas por 48,7 trillones de pies cúbicos,  la segunda mayor en América del Sur después de Venezuela (que cuenta  con más del triple), mientras que en petróleo cuenta con una  producción diaria de 40 mil barriles. 

     En la actualidad sus exportaciones de gas se dirigen a Argentina  y Brasil, con posibilidades de ampliarse a Paraguay, Uruguay y  eventualmente a Chile, en caso de que ese país acceda a buscar una  solución a la antigua demanda boliviana de recuperar la soberanía  marítima perdida en la Guerra del Pacífico (1879-1883). 

     Además, Bolivia podría ingresar al proyecto de un gasoducto  sudamericano, promovido por Venezuela, para abastecer en mayor  volumen a sus vecinos del Mercado Común del Sur (Mercosur). 

     La interrogante que se hacen los analistas, nacionales e  internacionales, es si es un acierto o desacierto la nacionalización  de los hidrocarburos. 

     Argentina y Brasil, por recibir gas boliviano y tener capitales  de inversión en campos gasíferos, aún no han emitido opinión. Los  gobiernos de Néstor Kirchner y Luiz Inacio Lula Da Silva están  evaluando la decisión de Morales. 

     España, que condonó parte de la deuda a Bolivia, ha expresado su  deseo de "diálogo, concertación y negociación auténtica". Francia,  Gran Bretaña y Estados Unidos, que también cuentan con capitales en  este país, están a la expectativa.  

     Por otra parte la nacionalización de los hidrocarburos tendrá una  repercusión en la segunda vuelta electoral de Perú, donde el ex  militar Ollanta Humala y el ex presidente Alan García se  confrontarán en las mesas de votación, posiblemente el 28 de mayo.  

     Mientras que García se encuentra enfrascado en un polémico  intercambio de insultos con el mandatario venezolano Hugo Chávez,  Humala, del Partido Nacionalista Unión por el Perú (PNUPP), muestra  afinidades políticas con los gobernantes de Bolivia y Venezuela. Fin