LIMA, 8 mar (Xinhuanet) -- El vicepresidente de Bolivia, Alvaro  García, descartó que la futura constitución del país se reescribirá  desde "cero" y aseguró que con seguridad variará 20 por ciento. 

     El mandatario Evo Morales renunció a otorgar "poderes ilimitados"  a los asambleístas tras llegar a un acuerdo con la oposición para  elegir la Asamblea Constituyente (AC) que redactará la nueva  constitución. 

     Según despachos procedentes de La Paz, la capital administrativa  boliviana, el congreso aprobó el sábado la ley para la convocatoria  de la AC y el referéndum sobre las autonomías departamentales. El  gobierno la promulgó 48 horas después. 

     La Corte Nacional Electoral (CNE) tendrá tiempo razonable para  preparar ambas consultas, previstas para el próximo 2 de julio, e  instalará la AC el 6 de agosto, en coincidencia con el Día Nacional. 

     Quedaron en el "tintero" los alcances que tendrán los  asambleístas y la pregunta del referéndum autonómico departamental. 

     La posición inicial del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS)  estaba dirigida a otorgar poderes ilimitados, incluso para remover a  las autoridades del ejecutivo y del Legislativo, y "refundar"  Bolivia con la inclusión social de los indígenas (que son la mayoría  de la población) y de los sectores más empobrecidos.  

     De esta forma, señalan los medios de comunicación, la AC quedó  desvirtuada en su espíritu de instalar "una magna asamblea  fundacional" porque el Ejecutivo cedió posiciones para llegar a un  consenso con las fuerzas políticas que representan a los sectores  más conservadores de la sociedad.  

     El vicepresidente García dijo que la constitución vigente será  modificada parcialmente. Lo "más importante" en la primera fase de  diálogo del congreso fue aprobar la convocatoria y que "el proceso  está en marcha", apuntó.  

     De acuerdo a la ley aprobada, serán elegidos 255 constituyentes  en los 9 departamentos: La Paz tendrá 50 representantes; Santa Cruz,  44; Cochabamba, 35; Potosí, 29; Chuquisaca, 23; Oruro, 20; Tarija,  20; Beni 20; y, Pando, 14. 

     El doble proceso, constituyente y el referéndum, costará 53  millones de bolivianos (6 millones de dólares); así como otros 2,5  millones de bolivianos (300.000 dólares) para ejecutar obras en la  capital política, Sucre, donde funcionará la AC por 3 años. 

     En el proceso para elegir a los constituyentes participarán las  fuerzas políticas vigentes, como el gobernante MAS; la primera  mayoría opositora, la derechista Poder Democrático y Social (PODEMOS) ; la centro derechista Unidad Nacional (UN); y, el tradicional  Movimiento Nacional Revolucionario (MNR).  

     Analistas prevén que los sectores indígenas y campesinos, entre  ellos del Movimiento Sin Tierra, se aliarán al partido gobernante.  

     Los dirigentes de la Confederación de Pueblos Indígenas de  Bolivia (CIDOB) y la Confederación Sindical Unica de Trabajadores  Campesinos de Bolivia (CSUTCB), anunciaron que conversan con sus  pares del MAS para acompañarlos en una posición única.  

     Otros grupos regionales, como la Alianza Social de Potosí y el  Movimiento Sin Miedo de La Paz, podrían participar en las elecciones  como fuerzas independientes. 

     El Frente de Junta Vecinales (FEJUVE) de El Alto previamente  analizará el perfil constitucional para decidir si apoyan al MAS u  otra fuerza, o si irán en forma independiente. 

     La Central Obrera Boliviana (COB) enfatizó que la Asamblea  Constituyente (AC) no es la instancia que resolverá los problemas  sociales del país. 

     Anunció que presentará ante el Tribunal Constitucional un recurso  de nulidad contra la nueva Ley de Convocatoria a la Asamblea porque  no es representativa y deja fuera a los sectores sociales y  sindicales. 

     El mallku (guía) Felipe Quispe, de la etnia aymara, puntualizó  que su pueblo se siente excluido de la AC y afirmó que no fueron  considerados en la convocatoria. 

     Quispe anunció que convocará su propia asamblea constituyente si  persiste la "discriminación étnica". Fin