BUENOS AIRES, 19 feb (Xinhuanet) -- Los
gobiernos de Argentina y Uruguay no encuentran el punto de equilibrio en
sus relaciones necesario para solucionar un conflicto que ha situado a
ambos dos países al borde de una ruptura que, de producirse formalmente o
no, convertiría al ya conocido como "Caso de las papeleras" en un
punto de inflexión desde el que nada será igual entre ambas naciones
y su población.
Una encuesta publicada el domingo en la capital
argentina reveló que para el 76 por ciento de 1,100 argentinos consultados
por el especialista Enrique Zuleta Puceiro, la construcción de
dos plantas para la producción de pasta de celulosa sobre la margen
uruguaya del compartido río Uruguay, "perjudicará las relaciones
futuras" entre argentinos y uruguayos.
Sólo el 9.6 por ciento de esa muestra, supuestamente
representativa de la población local, considera además que el
conflicto afectará "poco" a los vínculos rioplatenses futuros,
mientras que apenas el 1.4 por ciento de los consultados otorga
razón a Uruguay en su intención de no atender la políticamente
imposible demanda gubernamental argentina de paralizar el proyecto.
Destaca, no obstante, que el 71.6 por ciento de los
encuestados opine que el presidente argentino, Néstor Kirchner, "debería
esforzarse por llegar a un acuerdo" con su homólogo uruguayo, Tabaré
Vázquez.
Ignorando a la opinión pública, el canciller local,
Jorge Taiana, ha impulsado una orden directa de Kirchner para llevar
este litigio hasta la Corte Internacional de La Haya, y solicitar
una declaración de "no innovación" por parte del tribunal, para
paralizar así la construcción de las plantas mientras no se resuelva
la cuestión de fondo, lo que quizás llevaría cinco años.
Un ministro de la Corte Suprema de Justicia
argentina que no comparte ese criterio, señaló a Xinhua bajo condición de
anonimato que "desde su creación, La Haya nunca ha dado lugar a una medida
cautelar" como la que baraja Taiana.
Asimismo, el presidente del más importante tribunal
de justicia en Argentina, Enrique Petracchi, cuarto en la línea de sucesión
prevista por la Constitución Nacional para ocupar el poder ejecutivo
en caso de "acefalia", indicó respecto a la marca del Mercado Común del
Sur (Mercosur) y las relaciones dentro del bloque, que "no puede
soslayarse en un ámbito de integración, la necesaria primacía del derecho
comunitario sobre las normas internas".
Petracchi, que desde el 10 de diciembre de 1983
integra la Corte Suprema de Justicia de la Nación, recordó que "no puede
existir un proceso de integración sin un Derecho Supranacional que lo
regule, o normas que administren los eventuales conflictos entre los
Estados".
La pretensión argentina de buscar una salida
judicial en La Haya para estas diferencias, está relacionada con los
compromisos bilaterales emergentes del acuerdo que rige la administración
compartida del río Uruguay.
La misma fijó aquella Corte como ámbito natural para
la resolución de conflictos cuando aún no se había creado el
Mercosur, que recientemente constituyó un tribunal regional con sede en
Asunción, capital del Paraguay, para dirimir conflictos como el que
acontece.
Kirchner y Vázquez, ambos jefes de Estado, se están
mostrando intrasigentes ante sus pueblos, y poco a poco van elevando el
tono de sus apuestas.
Ante la amenaza argentina de recurrir a La Haya,
Uruguay advirtió que se presentaría ante la Organización de los Estados
Americanos (OEA), las Naciones Unidas (ONU) y el Mercosur.
Sin embargo, esta última instancia perdió fuerza de
inmediato cuando se hizo público que Paraguay había comenzado a reclamar a
Argentina los efectos contaminantes que una papelera local habría
provocado a la altura de Puerto Piray sobre el medio ambiente
fluvial compartido; mientras que Brasil encara un proyecto similar al
que desató las pasiones rioplatenses, también sobre un curso de agua
binacional.
Por si estas demostraciones de poder de los
presidentes Kirchner y Tabaré no fueran suficientes, el primero, a pesar
de los reclamos uruguayos para que el gobierno argentino paralice
los piquetes que cortan la circulación fronteriza, que en este país
es un delito de jurisdicción y competencia federal, recibió en su
despacho a los manifestantes, y no les pidió nada en ese sentido.
Vázquez, tal vez como una respuesta concreta a esa
actitud, se dispone a organizar una reunión de trabajo con su Gabinete
Nacional en Fray Bentos, localidad en la que radica el conflicto, y
dejó trascender a la prensa, incluso, que está dispuesto a retirar su
embajador en este país, lo que obligaría a Kirchner a adoptar una medida
simétrica.
A ese encuentro ministerial podrían sumarse, como a
finales de enero, los líderes políticos opositores a Tabaré, para
respaldar su gestión del gobierno en este punto, evidenciando que "el caso
de las papeleras" es una política de Estado, algo que Kirchner no
podría hacer, ya que la oposición, lejos de no apoyarle, le
rechaza.
Discretamente alineadas con la postura uruguaya, las
provincias argentinas de Corrientes, Misiones y Formosa, consideradas
" estados papeleros", también presionan a Kirchner en el Parlamento
local, con el objetivo de encontrar una solución al conflicto.
La historia reciente demuestra que el presidente
argentino y sus más cercanos colaboradores parece que olvidan, desconocen
o quieren ignorar, que desde la década de los años ochenta, en
aquellas áreas conlindantes con los ríos Paraná, Uruguay, Iguazú
y Pilcomayo, en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, desplegaron
una serie de leyes que impulsaban la forestación con la idea
estratégica de desarrollar una industria papelera y de sus
derivados.
Las plantas productoras de pasta de celulosa, por lo
tanto, no son fruto de una empresa inesperado, sino el resultado natural
de un proyecto a largo plazo.
Sin embargo, ninguno de estos argumentos históricos
parece ser suficiente para que la normalidad vuelva a ser la novedad una
vez se revisen las relaciones bilaterales entre Argentina y Uruguay.
Parece que Kirchner y Vázquez no encuentran la forma
más adecuada para salir de sus propios laberintos, tal vez porque
olvidaron, o no quieren recordar, que un filósofo rioplatense,
Leopoldo Marechal, sentenció aquello de que "del laberinto se
sale por arriba". Fin