MONTEVIDEO, 6 mar (Xinhuanet) -- Apenas tres horas después de la  asunción del nuevo gobierno uruguayo de la coalición de izquierda  Frente Amplio-Encuentro Progresista-Nueva Mayoría (FA-EP-NM), el  Consejo de Ministros aprobó un Plan de Emergencia Social para  combatir la pobreza que afecta a casi un tercio de la población del  país. 

     Para llevar adelante el Plan de Atención Nacional a la Emergencia  Social (PANES), se creó el Ministerio de Desarrollo y Participación  Social, encabezado por la comunista Mariana Arismendi. 

     Esta primera medida tomada por el nuevo gobierno uruguayo se basa  en la seria situación de pobreza imperante en el país. 

     Cifras proporcionadas por el nuevo presidente uruguayo Tabaré  Vázquez en su discurso pronunciado en el festejo de la asunción del  gobieno de izquierda, señalan que la pobreza del país casi se  duplicó, ya que pasó de 18 por ciento en 2000 a 30 por ciento en  2003. 

     En los niños de cero a 5 años de edad la pobreza subió de 41 a 57  por ciento en el mismo año, en tanto que en la población de 13 a 17  años, el fenómeno aumentó de 33 a 43 por ciento. 

     La situación está asociada estrechamente con la reducción del  Producto Interno Bruto (PIB), que se situó en 21 mil millones de  dólares en 1999 y cayó a 13 mil millones de dólares en 2004,  mientras que la deuda bruta del país aumentó de 8 mil millones de  dólares a 13,500 millones de dólares. 

     El mandatario uruguayo reiteró el 1 de marzo la decisión de su  gobierno de atacar ese flagelo que sufren los uruguayos. 

     Según explicó a Xinhua la ministra de Desarrollo y Participación  Social, el PANES busca superar la fragmentación histórica de  diversos programas sociales dispersos en distintas reparticiones del  Estado. 

     Lamentó que, mediante intervenciones parciales, los programas no  han logrado el impacto necesario debido a duplicación de servicios  para algunos beneficiarios, mientras que otros potenciales  destinatarios muchas veces quedan sin cobertura. 

     Los objetivos concretos del PANES son garantizar la atención a  las necesidades básicas de las personas más vulnerables, para de esa  forma frenar el riesgo de empobrecimiento agudo que sufren amplios  sectores de la sociedad uruguaya y construir de manera colectiva y  participativa rutas de salida de la indigencia y la pobreza en el  marco de un proceso efectivo de integración social.  

     En ese sentido, las acciones del Ministerio de Desarrollo y de  Participación Social serán coordinadas con el Instituto Nacional de  Alimentación, el Banco de Previsión Social, la Oficina de  Planeamiento y Presupuesto, la Administración Nacional de Educación  Pública, las Intendencias Municipales de todo el país y los  Ministerios de Salud Pública, de Trabajo y Seguridad Social, de  Vivienda y del Interior. 

     El PANES contendrá siete planes referidos a alimentación, ingreso,  empleo, salud, educación, asentamientos precarios y alojamiento.  

     Se ha establecido un plazo de dos años para su desarrollo, lapso  en el que manejará 100 millones de dólares cada año más otros 37  millones por ejecutar del Programa Infancia y Familia, actualmente  radicado en la Presidencia de la República, además de eventuales  préstamos de organismos internacionales y apoyo de organizaciones  sociales. 

     El financiamiento será garantizado por el Ministerio de Economía,  pero también provendrá del respaldo popular con que cuenta el nuevo  gobierno, como apoyos expresos desde algunos sectores empresariales  de la industria, el comercio y el agro. 

     En principio, el plan se dirigirá a hogares cuyos ingresos por  persona no superen el valor de la canasta básica de alimentos,  definida por el Instituto Nacional de Estadística en poco más de 40  dólares estadounidenses. 

     Los asistidos no se considerarán "beneficiarios" sino ciudadanos  con derechos, lo que supone la existencia de contraprestaciones,  como tareas comunitarias y cumplimiento de obligaciones educativas y  sanitarias. 

     Se estima que el PANES atenderá a unas 100 mil personas en  situación de "indigencia". 

     Según investigaciones realizadas, a ellas deberían sumarse 100  mil más "vulnerables a la indigencia", y otras 50 mil personas que  viven en pueblos y poblados con menos de 5,000 habitantes, y a los  que el Instituto Nacional de Estadística no llega en sus trabajos de  campo. 

     Pero el plan no será permanente, y sólo durará dos años, según  las experiencias aplicadas en Argentina, Brasil y Venezuela, indicó  a Xinhua el viceministro de Ganadería, Ernesto Agazzi. 

     El 4 de marzo, el plan se lanzó en primer lugar en Bella Unión,  el pueblo "totalmente olvidado" debido a "las políticas fracasadas  de las autoridades pasadas durante las últimas dos décadas". 

     En ese pueblo, situado en las fronteras con Brasil y Argentina,  la mortalidad infantil llegó a 55.1 por mil, contra un promedio de  15 por mil en todo el país. 

     De los 700 niños menores de 15 años en Bella Unión, el 90 por  ciento son o fueron desnutridos, el 99 por ciento tienen anemia, el  100 por ciento están parasitados y más del 90 por ciento presenta  fracaso escolar. 

     La Bella Unión se ha convertido ahora en el "faro" de la  aplicación del Plan de Emergencia Social del gobierno de Tabaré  Vázquez. 

     Algunos analistas opinan que el impacto directo del Plan de  Emergencia alcanzará a un porcentaje pequeño de la población, pero  constituye una señal que denota la especial sensibilidad de las  nuevas autoridades hacia sectores sociales en pobreza extrema. 

     Asimismo, representa el primero de los compromisos que se  comienza a llevar a la práctica tras la asunción de la izquierda al  poder. Fin