SANTIAGO (Xinhua) -- El desaforado diputado del Partido Radical de Chile, Eduardo Lagos, detenido durante tres días por el delito de uso indebido de instrumento público, abandonó el sábado el anexo cárcel Capuchinos luego que la Corte de Apelaciones ratificó otorgarle libertad bajo fianza.

Según la reciente acusación contra el legislador, Eduardo Lagos habría falsificado sus certificados de estudios escolares y universitarios, ejerciendo ilegalmente la profesión de ingeniero.

Esta denuncia se une a la serie de casos de corrupción que han sacudido al país.

Durante el último año se ha visto que algunos parlamentarios y funcionarios son acusados de corrupción, al aceptar sobornos, traficar influencias o proporcionar información clave a las empresas de sus socios.

Pero el mayor escándalo se refiere a las denuncias sobre la participación de congresistas en una red de paidofilia dirigida por el empresario Carlos Spiniak, quien se encuentra detenido junto con los proxenetas de su organización.

Hasta el momento, dos oficiales de Carabineros, la policía militarizada, están siendo procesados.

Estos ejemplos son sólo una muestra de lo difícil que ha sido este año para las autoridades y la población de Chile.

Luego de ubicarse entre los países con menos corrupción en Latinoamérica, los chilenos se han dado cuenta de que no eran tan diferentes de sus vecinos.

El sorprendente aumento de la corrupción

A principios de octubre pasado, el Indice de Percepción de Corrupción 2003, que fue elaborado por la organización Transparencia Internacional, dio a conocer que Chile bajó del puesto 17 dentro de los países con menos corrupción, al lugar número 20.

Ahora se encuentra en el grupo de naciones cuya situación en esta materia ha empeorado notoriamente, como es el caso de Argentina, Bielorrusia, Canadá, Estados Unidos e Israel.

De acuerdo con la organización, fueron los recientes casos de corrupción los que hicieron bajar a Chile en la lista, pero, a pesar de eso, se evaluó positivamente la reacción de las autoridades políticas y los tribunales, que no han dudado en procesar a parlamentarios o a ex ministros.

El índice puso de manifiesto los temores de que los casos de corrupción salidos a la luz pública podrían afectar la imagen del país, que siempre se había mostrado como una isla en medio de los problemas del resto de Latinoamérica, haciéndolo especialmente atractivo para la inversión internacional.

La situación estalló a principios de año, cuando el empresario Carlos Filippi, en una evidente acción vengativa, denunció que había sobornado a varios parlamentarios de la alianza oficialista para que lo ayudaran en sus negocios a través de sus influencias.

Esta acusación terminó con el desafuero de tres diputados, Cristián Pareto, Jaime Jiménez y Antonio Leal, junto al proceso en contra del ex subsecretario del Ministerio de Transportes, Patricio Tombolini.

La desconfianza en las autoridades siguió creciendo cuando se detectó que en el mismo Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones, se habían producido otros hechos de corrupción, al constatarse la existencia de contratos fraudulentos con el Centro de Investigación Aplicada al Desarrollo de la Empresa (CIADE), perteneciente a la Universidad de Chile.

Se estableció también la realización de otras operaciones similares entre este ministerio con otras empresas privadas, en las que se pagaban cifras exorbitantes por sus servicios, los cuales muchas veces no se cumplían.

Todas las responsabilidades cayeron entonces en el ex ministro Carlos Cruz, actualmente procesado.

Mientras, la sociedad de inversiones Inverlink creó una red de informantes para sus operaciones, en las que se relacionó con funcionarios del Banco Central, la Corporación de Fomento (Corfo), y con el ex ministro de Economía del gobierno de Eduardo Frei y ex ministro secretario general de la Presidencia, Alvaro García.

Al parecer, éstos proporcionaron a la empresa datos confidenciales, al mismo tiempo que llevaron a cabo un robo de 100 millones de dólares a Corfo.

Pero mientras el gobierno era el principal involucrado en estos casos y la oposición empezaba a perfilarse como una verdadera alternativa de gobierno, se produjo un caso que ha llevado al país a una grave crisis política, cuyas consecuencias se han tornado impredecibles, al acusarse a parlamentarios de cometer el delito de violación de menores.

El escándalo sexual

Como si la corrupción no fuera suficiente para crear una mala imagen de los políticos, la diputada Pía Guzmán, quien pertenece a la directiva del partido de derecha Renovación Nacional, denunció a principios de octubre que un diputado y dos senadores eran miembros de la red de paidofilia liderada por el empresario Carlos Spiniak.

La conmoción pública fue inmediata y, desde entonces, prácticamente no hay día en que no aparezca una nueva declaración polémica o una espeluznante revelación de la manera en que los menores fueron abusados, o hasta asesinados, según las últimas informaciones entregadas a la justicia.

La oposición se ha visto mayormente afectada por este caso, debido a que los supuestos parlamentarios involucrados pertenecerían al partido Unión Demócrata Independiente (UDI), la agrupación más importante del país, y donde milita el principal presidenciable de la derecha, el alcalde de Santiago, Joaquín Lavín.

Mientras la UDI denunciaba una maniobra política para destruirla como alternativa de gobierno, acusando incluso a miembros de la Iglesia católica de participar en esa conspiración (siendo que es un partido de inspiración católica ultra conservadora), la justicia chilena ha logrado seguir adelante en las investigaciones.

Las autoridades encontraron que oficiales de Carabineros estaban involucrados y que habían intentado sabotear la investigación en su fase preliminar, cuando a Spiniak se le investigaba solamente por tráfico de drogas.

Al mismo tiempo, los tribunales se vieron sacudidos cuando el juez que primeramente se hizo cargo el caso, Daniel Calvo, fue destituido luego que reconoció acusaciones sobre sus visitas a prostíbulos homosexuales.

Calvo fue reemplazado por el magistrado Sergio Muñoz, con amplia experiencia en casos de derechos humanos, que ha sido capaz de resolver en unos meses procesos que llevaban años sin avanzar, y ha condenado a generales en servicio activo por sus responsabilidades en estos hechos.

Las implicaciones de este caso han hecho que el gobierno trate de guardar distancias, dejando actuar a los tribunales, mientras que hace intentos por despolitizar la discusión, que se ha centrado en los parlamentarios supuestamente involucrados, olvidándose de los niños que se han visto afectados.

Las instituciones funcionan

A pesar de que en todas las acusaciones existen personeros del gobierno o de la alianza oficialista, la administración del presidente Ricardo Lagos se ha mantenido firme en el apoyo ciudadano,

y las encuestas hablan de un respaldo cercano al 50 por ciento.

En contraposición, la oposición de derecha se ha visto enormemente perjudicada por la posible vinculación de algunos parlamentarios en el abuso sexual de menores.

La imagen de la parlamentaria acusadora, Pía Guzmán, se ha fortalecido a pesar de las críticas por formular denuncias irresponsables, al no entregar más datos que sustentaran sus declaraciones.

En contraste, el líder de la derecha, Joaquín Lavín, se ha visto obligado a mantenerse al margen de la discusión para no afectar su imagen, mientras que el presidente de la UDI, Pablo Longuita, no ha sido bien evaluado en las encuestas por su manejo frente a la crisis.

El gobierno ha debido enfrentar todas las situaciones tratando de no inmiscuirse en las investigaciones, y ha repetido una y otra vez que son asuntos de tribunales y que los responsables deben ser castigados, sin importar el poder y las influencias que posean.

Al mismo tiempo, se ha iniciado una reforma a la administración pública destinada a mejorar la gestión, centrándose en acabar con la corrupción.

Este proceso se inició en el mismo Ministerio de Obras Públicas, en el que ya se planteó la necesidad de aumentar las atribuciones de los fiscalizadores y mejorar el sistema de administración de concesiones, donde se han registrado los problemas.

El mismo ministro de la cartera, Javier Etcheverry, descubrió que el sistema de calificación de funcionarios era defectuoso, pues empleados calificados con los mejores puntajes simplemente no rendían lo que decía las mediciones.

De esta forma, Chile cumple con una tradición nacional de confianza en la ley y en las instituciones, modernizando la administración pública y enfrentando el tema mediante la legalidad antes que tomar medidas populistas o "caza de brujas", lo que hasta el momento lo ha salvado de caer en los niveles de corrupción de sus vecinos. Fin