LA PAZ, 6 nov (Xinhua) -- Las investigaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado contra el exfiscal general Roger Mariaca y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, han profundizado la crisis de credibilidad e institucionalidad del sistema judicial boliviano, que expertos consideran atraviesa uno de sus momentos más críticos en décadas.
Los procesos contra ambos funcionarios, uno enviado a detención preventiva y el otro con una orden de aprehensión vigente tras abandonar el país, han extendido los cuestionamientos sobre corrupción e independencia judicial hasta las máximas instancias de dos instituciones fundamentales para la administración de justicia.
"Hay que admitir que al día de hoy el Órgano Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional están desmoronados. Y no es un hecho que se ha producido de la noche a la mañana. La justicia boliviana vive su peor crisis en décadas", declaró a Xinhua el abogado, docente universitario y analista político Germán Gutiérrez.
En la misma línea, el abogado constitucionalista y docente Arturo Yáñez afirmó a la prensa que las investigaciones profundizan una crisis de credibilidad que ya afectaba a la administración de justicia.
Yáñez advirtió sobre la posible penetración del crimen organizado en las estructuras judiciales, un escenario que, de confirmarse, comprometería la capacidad del Estado para investigar y sancionar las actividades ilícitas.
La crisis también ha sido reconocida desde las propias instituciones del Estado.
El presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira, admitió el miércoles la gravedad de la situación y planteó la transformación de la justicia como un elemento central para fortalecer la democracia y generar condiciones de certidumbre para el futuro del país.
Por su parte, la presidenta interina del TSJ, Rosmery Ruiz, reconoció que la administración de justicia atraviesa una crisis institucional tras conocerse la orden de aprehensión contra Saucedo.
La secuencia de acontecimientos comenzó el 30 de septiembre, cuando Mariaca fue aprehendido en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en el departamento de Santa Cruz, y posteriormente enviado a detención preventiva.
El exfiscal general es investigado por presunta organización criminal, protección al narcotráfico y legitimación de ganancias ilícitas.
El 3 de noviembre, la Fiscalía emitió una orden de aprehensión contra Saucedo por presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal.
Un día después, el magistrado anunció que había salido de Bolivia junto con su familia y denunció amenazas contra su vida y una supuesta persecución política. Hasta el momento, su paradero no ha sido confirmado públicamente.
El fiscal general interino, José Armando Urioste, ratificó que la orden de captura contra Saucedo continúa vigente y aseguró que las investigaciones seguirán adelante.
Ante este escenario, expertos coinciden en la necesidad de revisar el funcionamiento de las instituciones judiciales, los mecanismos de designación de sus autoridades y las garantías de independencia frente a los intereses políticos.
Mientras avanzan las investigaciones, los analistas coinciden en que la justicia boliviana enfrenta el desafío de esclarecer las denuncias, establecer responsabilidades y recuperar la confianza pública en instituciones cuya independencia y funcionamiento están bajo cuestionamiento.
