Por Evandro Menezes de Carvalho
La reciente decisión de la Administración Trump de revocar la visa de la embajadora de Brasil en Estados Unidos, Maria Luiza Ribeiro Viotti, constituye un claro instrumento de presión contra el Gobierno brasileño.
Esta medida se adoptó después de que Brasil negara las visas a dos funcionarios del Departamento de Estado estadounidense: el subsecretario Riley M. Barnes y el subsecretario adjunto Samuel Samson. Según informó el periódico The Washington Post, ambos tenían la intención de viajar a Brasil con el objetivo deliberado de cuestionar la integridad del sistema electoral brasileño.
Washington también acusa a Brasil de demorar en conceder el beneplácito a Daniel Pérez, el nuevo embajador designado por el presidente Donald Trump para Brasilia. Esta acusación, sin embargo, es contradictoria: la Casa Blanca anunció la nominación incluso antes de solicitar formalmente el "agrément" al Gobierno brasileño, lo que contraviene una práctica diplomática básica.
La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 establece con claridad que ningún Estado está obligado a aceptar a un representante diplomático extranjero, ni necesita justificar su negativa. Es una prerrogativa soberana. Naturalmente, las controversias de esta naturaleza deben manejarse con prudencia, para evitar daños innecesarios a las relaciones bilaterales.
No obstante, Brasil tiene razones concretas para desconfiar de las intenciones de Washington hacia el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Las relaciones entre Estados deben darse entre Gobiernos legítimos, no entre el Ejecutivo de un país y fuerzas de oposición interesadas en desestabilizar al Gobierno de otro.
Una buena diplomacia exige moderación, responsabilidad y una redacción cuidadosa. La Administración Trump no demuestra ninguna de estas cualidades. Desde la publicación de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el objetivo de Washington para América Latina se ha vuelto explícito: restablecer su dominio sobre la región y subordinarla a los intereses estadounidenses.
También hay un mensaje directo: desde la perspectiva de Washington, cualquier asunto relevante que involucre a América Latina debe primero negociarse con EE. UU. Esto significa negar la autonomía a los países latinoamericanos y tratarlos no como Estados soberanos, sino como vasallos dentro de la esfera de influencia estadounidense.
¿Qué podemos esperar de ahora en adelante? Brasil no puede descartar ningún escenario. Incluso una acción militar estadounidense, bajo el pretexto de la lucha contra el llamado "terrorismo", debe considerarse en la planificación estratégica brasileña, aunque su probabilidad siga siendo baja.
Mucho más probable, y de hecho ya en marcha, es la injerencia estadounidense a través de grupos políticos y empresariales brasileños. La familia Bolsonaro ocupa una posición central en este movimiento y demuestra su disposición a subordinar los intereses nacionales a los objetivos estratégicos de Washington.
Brasil se enfrentará a años de intensa tensión. Dados los reveses sufridos por Estados Unidos en Irán y Ucrania, la tendencia es que Washington centre su atención en América Latina, una región con capacidad limitada para resistir la presión económica, política o militar estadounidense.
El problema se agrava porque gran parte de las élites latinoamericanas, incluida la brasileña, siguen alineadas política, económica y culturalmente con Estados Unidos. Cuando los Gobiernos de la región resisten esta influencia directa, como en el caso de Venezuela, Washington abandona la retórica diplomática e intensifica la coerción recurriendo a sanciones, amenazas y actos de fuerza.
Por lo tanto, la cuestión central no es meramente diplomática. Lo que está en juego es el derecho de Brasil a definir soberanamente a sus líderes, sus alianzas internacionales y sus propias vías de desarrollo, de acuerdo con los intereses del pueblo brasileño, no el estadounidense.
Brasil no puede aceptar que su política exterior, su sistema electoral o sus lazos con cualquier otro país estén sujetos al poder de veto de Estados Unidos. La soberanía es una condición para la existencia de un país y para la prosperidad de su pueblo. Esto tiene un costo y depende necesariamente del castigo ejemplar de los traidores a la nación, sometiéndolos al Estado de derecho.
(Evandro Menezes de Carvalho es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal Fluminense de Brasil)
(Las opiniones expresadas en este artículo son del autor y no necesariamente reflejan la postura de la Agencia de Noticias Xinhua)
