SAO PAULO, 6 jul (Xinhua) -- El Gobierno de Brasil rechazó el lunes la nueva ofensiva comercial de Estados Unidos contra las exportaciones brasileñas al calificar de "arbitraria" e "incorrecta" la investigación que sustenta la propuesta de imponer un arancel adicional del 12,5 por ciento a productos del país sudamericano, y sostuvo que la medida viola las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
En una carta enviada por el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), Brasil pidió la revisión de las conclusiones de la investigación, la retirada de las acusaciones formuladas contra el país y el abandono de la propuesta de aplicar el nuevo gravamen.
La investigación estadounidense, realizada con base en la Sección 301 de la Ley de Comercio de Estados Unidos, sostiene que Brasil y otros más de 60 países no han impedido de manera adecuada la circulación de productos fabricados con trabajo forzado. Sobre esa base, el USTR propuso un arancel adicional del 12,5 por ciento para productos brasileños.
La iniciativa se suma a otra investigación, también basada en la Sección 301, mediante la cual Estados Unidos ya propuso un arancel adicional del 25 por ciento a productos brasileños, alegando que el Gobierno de Brasil adopta prácticas que restringen el comercio con el mercado estadounidense.
En la carta, el Gobierno brasileño afirmó que las conclusiones del USTR son "erróneas", "arbitrarias" y carecen de respaldo en las pruebas presentadas por Brasil durante el proceso.
"Las cuestiones planteadas en esta investigación, que abarcan regímenes jurídicos internos y prácticas de fiscalización, serían tratadas de mejor manera mediante la cooperación y el compromiso internacional, en lugar de medidas comerciales punitivas", señaló Vieira.
El año pasado, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un arancel adicional del 50 por ciento sobre productos brasileños al justificar la medida por motivos políticos, entre ellos su rechazo al proceso judicial que condenó al expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) a 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado tras las elecciones ganadas por el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La medida permaneció vigente durante cuatro meses y posteriormente fue retirada tras negociaciones entre ambos países, en las que participaron representantes de los Gobiernos y del sector empresarial.
El Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño sostuvo además que la propuesta estadounidense contraviene las reglas del sistema multilateral de comercio y argumentó que las controversias comerciales deben resolverse mediante los mecanismos de solución de diferencias de la OMC, en lugar de la imposición unilateral de aranceles.
La Cancillería brasileña también destacó que, desde 2007, Estados Unidos acumula un superávit comercial superior a 400.000 millones de dólares en su intercambio con Brasil, lo que, según el Gobierno, debilita la justificación para aplicar nuevas restricciones comerciales.
Brasil rechazó igualmente las acusaciones de que no combate de manera efectiva el trabajo análogo a la esclavitud, principal argumento utilizado por Washington para justificar el nuevo arancel.
Según el documento, el país cuenta con un amplio conjunto de mecanismos legales e institucionales para prevenir, identificar y sancionar ese delito, entre ellos la fiscalización laboral, la cooperación entre organismos públicos, la responsabilidad penal y la denominada "Lista Sucia", un registro oficial de empleadores responsabilizados por ese tipo de práctica.
"Brasil sostiene respetuosamente que tales conclusiones no encuentran respaldo en los antecedentes del proceso y son factualmente incorrectas", afirmó Vieira en la carta divulgada por el ministerio a la cadena GloboNews.
El canciller añadió que la investigación estadounidense no presentó pruebas concretas de que Brasil haya permitido el ingreso a su mercado de mercancías producidas con trabajo forzado que afecten el comercio de Estados Unidos y sostuvo que el informe del USTR ignoró la documentación entregada por las autoridades brasileñas. Fin
