Por José Aguiar
LIMA, 5 jun (Xinhua) -- La candidata presidencial del partido conservador Fuerza Popular, Keiko Fujimori, disputará el próximo domingo la segunda vuelta electoral en Perú, lo que consolida su liderazgo dentro de la corriente fujimorista, en medio de un escenario político marcado por una profunda polarización.
A sus 50 años de edad, la reconocida política busca por cuarta vez intentar alcanzar el máximo cargo gubernamental de la nación andina, tras haber sido superada por estrechos márgenes en las segundas vueltas correspondientes a los procesos electorales de los años 2011, 2016 y 2021.
Hija mayor del fallecido exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000), completó sus estudios profesionales en Administración de Empresas en territorio estadounidense y obtuvo un grado de maestría en la Columbia Business School de la Universidad de Columbia.
Comenzó la trayectoria pública de manera oficial durante la década de 1990, cuando asumió las funciones protocolares de primera dama de la República, y después logró desempeñarse como congresista por Lima Metropolitana entre los años 2006 y 2011.
Fujimori lidera desde el año 2010 la organización política Fuerza Popular, con la que ha logrado construir una sólida estructura partidaria a nivel nacional que ha posicionado a la agrupación como uno de los bloques legislativos más influyentes del Congreso peruano.
La candidata derechista ha afrontado diversas investigaciones, aunque se debe mencionar que el Poder Judicial ordenó a inicios del presente año el archivo definitivo del caso Cócteles, por lo que registra en la actualidad una postulación oficial sin ninguna sentencia condenatoria firme.
De cara al balotaje, bajo la consigna de gobierno denominada "Perú con Orden", Fuerza Popular fundamenta una propuesta técnica para el periodo 2026-2031 basada en tres pilares que busca atender los aspectos social, económico y de seguridad.
En materia de seguridad ciudadana, Fujimori propone ejecutar un exhaustivo plan de pacificación nacional enfocado en la reconstrucción de dependencias policiales, implementación de videovigilancia, patrullaje motorizado preventivo y el despliegue permanente de tecnología de drones.
Esa propuesta operativa contempla el resguardo militar continuo dentro de las unidades de transporte público metropolitano para combatir las mafias dedicadas a la extorsión, además de disponer que las Fuerzas Armadas asuman de forma estricta el control total de las fronteras nacionales.
En el ámbito económico, la candidata presidencial proyecta elevar la actual tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) peruano desde un promedio del 3 por ciento actual a un 6 por ciento al término de un eventual mandato.
Para alcanzar ese objetivo, se compromete a defender de manera irrestricta la autonomía legal y la total independencia del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), y otorgar la seguridad jurídica indispensable para atraer importantes capitales de inversión privada.
También planea la eliminación de barreras burocráticas estatales mediante una profunda reforma de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), con el fin de promover el empleo.
El plan financiero prevé la reactivación del programa PromPYME, para respaldar a los emprendedores, mediante el otorgamiento de líneas de crédito baratas, el incremento de las compras estatales directas y el asesoramiento especializado para incentivar la digitalización y la exportación de productos.
La postulante presidencial insiste en que la pobreza se reduce con empleo y estabilidad argumenta que las propuestas de su contrincante político, Roberto Sánchez, van en sentido contrario al presuntamente buscar "prohibir" las agroexportaciones, frenar la minería y limitar la entrada de insumos básicos.
