LA PAZ, 4 jun (Xinhua) -- La justicia boliviana condenó este jueves a 10 manifestantes a tres años de prisión por la toma de un campo petrolero estratégico en el departamento oriental de Santa Cruz, en un fallo que refleja el endurecimiento de la respuesta estatal frente a las protestas que sacuden al país desde hace más de un mes.
La sentencia fue emitida por el juez de Portachuelo, Pedro Félix Ribera, después de que los acusados aceptaran someterse a un procedimiento abreviado y reconocieran su participación en los hechos investigados.
Aunque la condena establece una pena de tres años de cárcel, los sentenciados no serán trasladados a un centro penitenciario debido a que la legislación boliviana permite el cumplimiento de este tipo de sanciones bajo medidas sustitutivas.
Como parte de las restricciones impuestas por el juez, los condenados deberán permanecer en sus domicilios y tendrán prohibido participar en reuniones destinadas a promover bloqueos, ocupaciones de instituciones públicas o acciones que afecten la integridad de otras personas. Cualquier reincidencia provocará la revocatoria inmediata de este beneficio y su ingreso a prisión.
La Fiscalía acusó a los manifestantes de asociación delictuosa, atentado contra la libertad de trabajo, instigación pública a delinquir y daño calificado.
El fiscal del caso, Juan Carlos Crispín, solicitó la detención preventiva para la decena de involucrados y medidas cautelares para otros, aunque la aceptación del procedimiento abreviado permitió cerrar el proceso con una condena reducida.
Las detenciones se produjeron tras un operativo policial que recuperó el control del campo petrolero "Humberto Suárez Roca", ubicado en el municipio de Santa Rosa del Sara.
De acuerdo con las investigaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y del Ministerio Público, los manifestantes ocuparon la instalación desde el pasado martes y bloquearon los accesos para impedir la salida de los trabajadores del lugar y el ingreso de las fuerzas del orden.
La intervención policial incluyó el uso de agentes químicos para desalojar a los ocupantes, quienes instalaron al menos varios puntos de bloqueo alrededor de la planta.
Los manifestantes también cerraron válvulas de producción para exigir la renuncia del presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira, acción que elevó la preocupación de las autoridades por la seguridad de la infraestructura energética nacional.
Las manifestaciones en el país son impulsadas por la Central Obrera Boliviana (COB), organizaciones campesinas, sindicatos de maestros, cooperativistas mineros y otros sectores que reclaman la salida del mandatario y exigen soluciones a la situación económica.
