Por Milton Pomar
La decisión del Gobierno de Estados Unidos, anunciada el 28 de mayo, de clasificar a las organizaciones criminales brasileñas "Comando Vermelho" y "Primeiro Comando da Capital (PCC)" como Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT, por sus siglas en inglés), con la promesa de ser incluidas en la lista de organizaciones terroristas extranjeras (FTO, siglas en inglés) del Departamento de Estado antes del 5 de junio, generó gran indignación en el Gobierno federal y amplios sectores de la sociedad brasileña. Para muchos, la medida constituye una maniobra política destinada a interferir en el proceso electoral del país sudamericano.
Estas dos organizaciones criminales ahora clasificadas por Washington como "terroristas" carecen de una agenda política o ideológica. Sin embargo, las organizaciones criminales en Brasil que si disputan efectivamente el poder político son las "milicias", vinculadas umbilicalmente a la extrema derecha y que actúan para reemplazar al Estado en las zonas periféricas de las grandes ciudades, y contra las que Estados Unidos no está tomando ninguna acción.
Se estima que hay "milicias" en 15 estados de Brasil, ocupando una parte significativa de las 12.348 favelas y comunidades urbanas identificadas en el Censo de Población de 2022, en las que vivían 16,4 millones de personas.
Las "milicias" están lideradas por profesionales de la seguridad, que dominan los territorios "con fuego y espada" y compiten por el espacio político a nivel local, estatal y nacional. Eligen concejales e invierten en la elección de diputados estatales y federales, senadores, gobernadores e incluso de figuras con aspiraciones a los más altos cargos de la República.
Al clasificar a algunos delincuentes comunes en América Latina como terroristas, acusándolos de socavar su "seguridad nacional", la Administración Trump debilita el propio concepto de terrorismo, solo para justificar sus acciones militares e intervenciones en los asuntos internos de otros países. Además, genera varios problemas para los países a los que acusa, como México o Brasil, sin contribuir efectivamente a reducir el consumo de drogas ilícitas en territorio de Estados Unidos.
En términos prácticos, clasificar a los narcotraficantes como "terroristas" disminuye el protagonismo de organismos especializados como la DEA (Administración de Control de Drogas) y el FBI (Buró Federal de Investigaciones), al tiempo que amplía el papel del Ejército y de la CIA (Agencia Central de Inteligencia), siguiendo la antigua lógica de la "Guerra contra las Drogas", impulsada en 1971 por la Administración Nixon. Sin embargo, las acciones militares y policiales en estos 55 años para acabar con el consumo de drogas ilícitas han producido resultados negativos: Estados Unidos tiene la mayor población carcelaria del mundo, y la sobredosis es la principal causa de muerte en el país entre personas de entre 18 y 45 años, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
Según el Centro Nacional de Estadísticas de Salud, 645.000 personas murieron en Estados Unidos por sobredosis de opioides entre 1999 y 2021, mientras que el número total de muertes por sobredosis en el país superó las 110.000 muertes solo entre 2022 y 2023.
Ahora bien, si las cifras muestran que el consumo de drogas ilícitas en Estados Unidos continúa creciendo a pesar de los billones de dólares invertidos en la "Guerra contra las Drogas", ¿por qué persistir en una estrategia basada en la lógica militarista y de espionaje, ahora bajo la "etiqueta" de la lucha contra el terrorismo? Al atacar a otros países en nombre de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, la Administración Trump intenta desviar la atención de la población estadounidense de los graves problemas que está experimentando su país, desde la pobreza que se extiende por las grandes ciudades, hasta la inflación y el creciente endeudamiento del Gobierno, las empresas, las familias y los recién graduados universitarios.
MUERTE Y DESTRUCCIÓN
Al atacar y asesinar al máximo líder iraní y a su familia, así como a varios otros dirigentes políticos y militares iraníes, el Gobierno estadounidense ha dejado muy claro al mundo entero que no sigue las normas legales internacionales. Los bloqueos y sanciones contra Cuba y Venezuela, orientados abiertamente a provocar cambios en sus gobiernos, también causan muerte y destrucción, y constituyen una intervención inaceptable en los asuntos internos de todos estos países.
Esta postura agresiva de la Administración Trump ha provocado la devastación de la economía venezolana desde las primeras sanciones estadounidenses contra el país en 2017. Provocaron una profunda crisis económica, hicieron inviable el Gobierno y empobrecieron a la población.
Gracias a la campaña de propaganda permanente, convirtieron al presidente electo venezolano, Nicolás Maduro, en un "dictador" y "líder de una organización de narcotráfico". En consecuencia, cuando Estados Unidos lanzó un ataque militar contra Caracas el pasado 3 de enero, abatiendo al equipo de seguridad de Maduro y secuestrándo a él y su esposa, parte de la opinión pública internacional pudo haber considerado esa acción como legítima.
Curiosamente, fue también un 3 de enero, en este caso de 1990, cuando otro supuesto "dictador del narcotráfico", el entonces líder panameño, Manuel Noriega, fue capturado por tropas estadounidenses tras dos semanas de batallas urbanas, que causaron la muerte de cientos de personas. La invasión de Panamá por parte de Estados Unidos, iniciada el 20 de diciembre de 1989, inauguró la morbosa serie que este año ya ha tenido dos episodios significativos: Venezuela e Irán.
Una vez que las dos organizaciones criminales brasileñas sean incorporadas a la lista FTO, Estados Unidos podrá perseguir y arrestar a ciudadanos brasileños, ya sean empresarios en general, ejecutivos del sistema financiero en particular, políticos, policías o militares, y juzgarlos en EE. UU. bajo acusaciones de complicidad o conspiración, alegando que proporcionaron "apoyo material" a organizaciones consideradas terroristas.
Si la Administración Trump realmente quisiera acabar con el blanqueo de dinero por parte del crimen organizado, el terrorismo y la corrupción, ya habría invadido todos los "paraísos fiscales" y habría trasladado a Fort Knox las enormes fortunas acumuladas por los megabandidos depositadas en las cuentas secretas de estos bancos pantalla. Pero eso no lo hará, ¿verdad?
BRASIL YA NO ES PATIO TRASERO DE EE. UU.
La cuestión central para Estados Unidos no es la competencia directa de Brasil en productos agrícolas o ganaderos. Lo decisivo es lo mismo de siempre: los inmensos recursos naturales. Ahora, principalmente minerales para el funcionamiento de toda la tecnología, desde teléfonos móviles hasta vehículos eléctricos.
Durante el período en que Brasil fue considerado el "patio trasero" de Estados Unidos, entre las décadas de 1950 y 1990, situación descrita en el libro "Thy Will Be Done: The Conquest of the Amazon - Nelson Rockefeller and Evangelism in the Oil Age", de los periodistas Gerard Colby y Charlotte Dennett, las empresas estadounidenses obtuvieron grandes beneficios en todo el territorio brasileño.
Sin embargo, a partir de los años 2000, con el aumento de las relaciones institucionales y comerciales entre Brasil y otros países sudamericanos y del mundo, Estados Unidos comenzó a perder protagonismo en el continente.
Al intervenir en el proceso electoral brasileño de 2026, manipulando el concepto de terrorismo para incluir a las dos organizaciones criminales comunes en su ámbito de acción militar y legal, y así supuestamente ayudar al candidato de extrema derecha a conseguir la presidencia de Brasil, la Administración Trump vuelve a desafiar las normas jurídicas internacionales y reafirma su disposición a actuar a cualquier precio para obtener tierras raras y otros minerales de Brasil, tan necesarios para las industrias de alta tecnología de los países más desarrollados.
¿Qué otras acciones está dispuesta a tomar la Administración Trump para beneficiar al candidato de extrema derecha a la presidencia de Brasil? Vivimos tiempos oscuros. ¿Nos veremos obligados a negociar con misiles apuntando a Brasilia? Nada impide que EE. UU. clasifique a otras organizaciones criminales comunes como terroristas, y luego imponga sanciones a empresas financieras, jueces y a cualquier otro actor, basándose en acusaciones que tardarán años en demostrarse, o no. ¿No ocurrió algo similar el año pasado en relación con el juicio contra quienes promovieron el intento de golpe de Estado?
(Milton Pomar es un empresario, profesor, geógrafo, máster en Políticas Públicas, y miembro del Consejo Científico del Equipo de Asia del Centro de Estudios de la Universidad Federal de Pernambuco)
(Las opiniones expresadas en este artículo son del autor y no reflejan necesariamente la postura de la Agencia de Noticias Xinhua)
