Por Gerardo Laborde
MONTEVIDEO, 30 abr (Xinhua) -- El Gobierno del presidente uruguayo, Yamandú Orsi, presentó las bases para una reforma de la seguridad social en Uruguay tras meses de diálogo social, con propuestas que van desde una jubilación anticipada opcional a los 60 años hasta un rediseño de las transferencias a la infancia.
Esa iniciativa se da en un escenario desafiante para el país sudamericano a nivel demográfico y social, con un envejecimiento acelerado y persistente pobreza infantil.
El documento "Orientaciones para transformar la protección social", divulgado el miércoles, sintetizó acuerdos y disensos de un proceso que involucró a sindicatos, empresarios, académicos y organizaciones sociales y que el Ejecutivo define como una hoja de ruta más que un plan cerrado.
El texto advierte que Uruguay enfrenta tensiones estructurales derivadas del cambio demográfico, con una población que envejece rápidamente y una caída sostenida de la natalidad, al tiempo que casi uno de cada tres menores vive en hogares bajo la línea de pobreza.
Entre 2024 y 2070, los mayores de 64 años pasarían de 16 a 33 por ciento de la población, mientras los menores de 15 años bajarían de 18 a 11 por ciento.
La relación entre población inactiva y activa en tanto pasaría de 5 cada 10 a 8 cada 10.
En ese marco, el gobierno propone avanzar hacia un sistema integrado bajo una "perspectiva de curso de vida" y plantea la creación de un esquema único de transferencias para niños y adolescentes vulnerables, que unifique programas existentes.
La iniciativa también incluye eliminar ciertas condicionalidades para acceder a prestaciones, como la asistencia a la escuela, una idea que generó cuestionamientos de cámaras empresariales y sectores opositores, que optaron por no participar de la instancia ejecutiva del diálogo.
En el plano previsional, Orsi descartó estatizar las administradoras privadas (AFAP) y ratificó el esquema mixto de tres pilares, aunque con ajustes para mejorar la eficiencia y el vínculo con los afiliados.
Como novedad, el Ejecutivo promoverá una jubilación anticipada opcional desde los 60 años, manteniendo la edad general en 65, con condiciones diferenciadas según ingresos y trayectorias laborales.
Para los trabajadores de menores ingresos, se prevé un suplemento que garantice prestaciones no inferiores a las vigentes antes de la reforma de 2023, mientras que para el resto el retiro temprano tendría menores tasas de reemplazo.
El coordinador del Diálogo Social, Hugo Bai, explicó que sobre la edad de jubilación el gobierno toma como base "la necesidad de considerar las desigualdades" y "las diferentes trayectorias laborales con las que las personas llegan al momento del retiro".
El documento subrayó que "la protección social no puede ser concebida como un conjunto de políticas sectoriales aisladas" y advirtió que los cambios requerirán consensos de largo plazo y gradualidad, en un país donde la relación entre población activa e inactiva seguirá deteriorándose en las próximas décadas. Fin
