Por Marcela Vera
La intervención de Estados Unidos en Venezuela hace explícita la instalación para el corto plazo de un símbolo de control político, no solo sobre Venezuela, sino sobre todos los países del mundo. En síntesis, si hoy Estados Unidos es capaz de secuestrar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mañana podría hacerlo con cualquier otro mandatario que estime que puede obstruir los intereses de Washington.
Esta estrategia, al igual que ocurrió con la política de aranceles, constituye un mecanismo que le permite al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negociar con el resto de las potencias mundiales. Dichas negociaciones han incluido el control territorial sobre puntos geopolíticamente estratégicos, modificaciones en la situación financiera internacional, acceso a determinados bienes naturales estratégicos, aumento de los ingresos fiscales y expansión del volumen de sus exportaciones.
El presidente de Estados Unidos, en abierta contravención a los límites establecidos por la Constitución de su país y por los marcos del derecho internacional, ha ejercido una injerencia irracional sobre otro Estado soberano, llegando incluso a declarar que está dispuesto a "administrar" otro país y sus bienes.
Este tipo de comportamiento opera como un método de presión en el corto plazo, pero prontamente perderá fuerza. Ello puede conducir a que Estados Unidos deje de ser percibido como un país con el cual el mundo puede dialogar o, en el peor de los casos, un país al que se tema, para transformarse en un país del cual el mundo no querrá depender ni vincularse. Este límite es extremadamente delicado, no solo para el Gobierno de Donald Trump, sino también para el pueblo estadounidense, que merece encontrar otras formas de generar crecimiento y desarrollo económico que no se basen en la injerencia, la amenaza y la vulneración del derecho internacional.
La apropiación explícita que quiere realizar el Gobierno de Donald Trump respecto del petróleo de Venezuela y de su infraestructura petrolera guarda relación no solo con el aseguramiento de su propia cadena de suministros y con el acceso a las materias primas necesarias para el desarrollo de la industria energética que pretende impulsar, de acuerdo con lo que ha declarado en su Estrategia de Seguridad Nacional (NSS, siglas en inglés) de 2025, sino que fundamentalmente tiene que ver con bloquear el acceso a estas materias primas por parte de los países que Estados Unidos identifica como sus principales competidores. De esta manera, busca retener un petróleo que anteriormente era recibido por China y Rusia, y, por tanto, controlar el abastecimiento de un insumo crítico para la economía asiática.
Esta declaración de guerra que Estados Unidos ha formulado explícitamente en su NSS de 2025 hacia los países que considera competidores da cuenta, además, de una combinación de estrategias militares y económicas orientadas a impulsar el crecimiento económico de Estados Unidos y, desde su perspectiva, modernizar sus industrias. Las acciones que ha demostrado el actual Gobierno estadounidense evidencian hitos militares, económicos y judiciales íntimamente relacionados con un horizonte de disputa estratégica y de guerra, que Estados Unidos pretende desarrollar para fortalecer su industria armamentística y energética. Para ello, requiere construir un piso material que le permita sostener una mayor intensidad del proceso de militarización que está impulsando, no solo en América Latina, sino fundamentalmente frente a las potencias del BRICS.
Mediante dispositivos de disuasión y presión militar, la Administración de Donald Trump pretende apropiarse de materias primas críticas para el desarrollo de su proceso de reindustrialización y, posteriormente, ha planteado un plan de aumento de sus exportaciones y de reequilibrio de su cuenta de capitales, para luego recurrir a nuevos mecanismos coercitivos para que los países bajo el dominio estadounidense se vean obligados a fortalecer sus relaciones comerciales y financieras con el país del norte.
Asimismo, Estados Unidos se presenta como el país que debe resguardar su soberanía para fortalecer sus propios intereses; sin embargo, su plan considera no permitir que el resto de los países, incluidos también los de la Unión Europea, desarrollen este mismo principio de soberanía nacional, de resguardo de su seguridad y de protección de los beneficios para sus economías.
El conjunto de planes geopolíticos que hoy intenta imponer el Gobierno de Estados Unidos combina estrategias militares, económicas y de control energético, que reforzaría en el largo plazo una pirámide de subordinación y dependencia en la que no solo se encuentran los países del Sur Global, sino que potencialmente también los países de la Unión Europea, lo cual profundizaría la precarización de las condiciones de vida a nivel global y agudizaría el empeoramiento de las brechas y desigualdades económicas, tecnológicas, sociales y ambientales.
La percepción de amenaza que Estados Unidos construye respecto del resto de las potencias mundiales, junto con el acaparamiento de bienes naturales estratégicos que busca imponer sobre los países subdesarrollados, da cuenta de la alta dependencia que hoy mantiene de estas materias críticas, así como del rezago que presenta en el desarrollo de sus industrias, en su política de seguridad y, muy especialmente, en su posicionamiento geopolítico.
En este contexto, resulta fundamental que los países comprometidos con la paz mundial establezcan preventivamente límites concretos y efectivos frente a esta amenaza bélica incipiente liderada por el Gobierno de Donald Trump.
(Marcela Vera es economista y directora de Asuntos Asiáticos de la Universidad de Santiago de Chile)
(Las opiniones expresadas en este artículo son del autor y no necesariamente reflejan la postura de la Agencia de Noticias Xinhua)
