SACRAMENTO, Estados Unidos, 5 jun (Xinhua) -- La Administración del presidente Donald Trump impuso hoy sanciones a cuatro jueces de la Corte Penal Internacional (CPI), congeló sus activos en Estados Unidos y restringió su ingreso al país en respuesta a las investigaciones de la corte sobre presuntos crímenes de guerra relacionados con funcionarios israelíes y personal militar estadounidense.
La decisión fue criticada por la CPI y algunas organizaciones de derechos humanos por considerar que puede socavar la independencia judicial. Este es el acontecimiento más reciente de las actuales tensiones entre Estados Unidos y el tribunal internacional.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que las sanciones están dirigidas a los jueces Reine Alapini-Gansou (Benín), Beti Hohler (Eslovenia), Luz del Carmen Ibáñez Carranza (Perú) y Solomy Balungi Bossa (Uganda) por su papel en la autorización de investigaciones de la CPI sobre aliados de Estados Unidos.
Alapini-Gansou y Hohler aprobaron órdenes de aprehensión contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa israelí Yoav Gallant por sus presuntas acciones en relación con Gaza. Por otra parte, Ibáñez Carranza y Bossa supervisaron investigaciones sobre el comportamiento de militares estadounidenses en Afganistán.
Las sanciones fueron promulgadas de conformidad con la orden ejecutiva de Trump del 6 de febrero que impone sanciones a la CPI, establecida en 2002 con el Estatuto de Roma ratificado por 125 naciones y manejada independientemente para abordar crímenes de guerra y genocidio.
Estados Unidos participó en la elaboración del tratado, pero nunca lo ratificó citando inquietudes relacionadas con la soberanía. Administraciones previas adoptaron diferentes posturas.
El entonces presidente estadounidense William Clinton firmó el estatuto en 2000 sin buscar la ratificación y el presidente George Bush firmó la Ley de Protección a los Miembros de las Fuerzas Armadas Estadounidenses 2002 que autoriza medidas para proteger a militares estadounidenses de la jurisdicción de la CPI. La Administración Biden dio marcha atrás a las sanciones de Trump de 2020 contra fiscales de la CPI y Trump impuso nuevas sanciones en 2025.
La CPI describió las sanciones como "desafíos sin precedentes" a su mandato y afirmó que su trabajo es un reflejo "del legado de los esfuerzos globales para abordar las atrocidades en masa". Analistas legales, entre ellos académicos de la Brookings Institution, señalaron que las sanciones podrían afectar la percepción de la participación de Estados Unidos en instituciones multilaterales.
