LA PAZ, 5 jun (Xinhua) -- El Gobierno de Bolivia formalizó este jueves una denuncia penal contra el expresidente, Evo Morales (2006-2019) ante la Fiscalía, acusándolo de terrorismo, instigación a delinquir y otros delitos, en el marco de los bloqueos de caminos que paralizan regiones clave del país.
La acción legal marca un nuevo punto de inflexión de la crisis política y social que vive el país sudamericano, con el crecimiento de puntos de bloqueo de 13 a 27 a nivel nacional, a menos de tres meses de unas elecciones generales decisivas.
El ministro de Justicia boliviano, César Siles, explicó a los periodistas que la querella no solo apunta a Morales, sino también a quienes resulten cómplices o ejecutores de las movilizaciones violentas. "Hemos solicitado que el Ministerio Público actúe con celeridad. Las víctimas son todos los bolivianos, principalmente enfermos sin atención, personas con discapacidad sin tránsito y pueblos indígenas aislados", dijo Siles.
La denuncia abarca delitos como terrorismo, obstrucción del proceso electoral, desobediencia a resoluciones constitucionales, atentado contra la libertad de trabajo y la seguridad de los servicios públicos, además de la destrucción de bienes del Estado.
El Ejecutivo asegura contar con pruebas de que Morales habría instruido "cercar ciudades" y bloquear para evitar las elecciones, lo que ha provocado zozobra, desabastecimiento y una creciente tensión interna.
Desde el lunes, la situación en las rutas del país se ha deteriorado rápidamente. Los puntos de bloqueo se duplicaron en solo 48 horas pasando de 13 a 27, según datos actualizados de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).
La mayoría se concentran en el departamento de Cochabamba (centro), bastión del líder cocalero y expresidente. También se reportan cortes en Potosí (sudoeste), Oruro (oeste), La Paz (oeste) y Santa Cruz (este).
Las medidas de presión son impulsadas por sectores afines a Morales que exigen su habilitación como candidato presidencial, pese a no contar con un partido político acreditado y a las resoluciones del Tribunal Constitucional que lo inhabilitan.
La Fiscalía deberá investigar ahora si las acciones de Morales configuran además una "obstaculización del proceso electoral", un delito tipificado en la ley del régimen electoral, con penas de hasta cinco años de prisión.
El Gobierno argumenta que los bloqueos buscan sabotear las elecciones generales programadas para el 17 de agosto, en las que Morales no puede participar.
Mientras tanto, las consecuencias económicas en el país comienzan a sentirse con fuerza. El ministro de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia, Marcelo Montenegro, estimó que las pérdidas diarias por los cortes de ruta oscilan entre 150 y 200 millones de dólares.
"Ya vivimos una paralización similar el año pasado que costó más de 3.000 millones. No podemos repetir ese escenario por intereses personales de alguien que no puede ser candidato", afirmó.
El desabastecimiento afecta especialmente al occidente del país. En mercados de La Paz, Cochabamba, Potosí y Oruro se reportan incrementos notables en el precio de alimentos básicos que llegan desde el oriente.
En Santa Cruz, la Cámara de Industria y Comercio (Cainco) advirtió que las recientes decisiones del Gobierno de liberar exportaciones no tendrán efecto si no se resuelve primero el conflicto de las rutas. "La crisis no es solo física, sino simbólica. El país está bloqueado en su capacidad de decidir", lamentó la entidad empresarial en un comunicado.
A pesar de los operativos policiales desplegados en vías troncales de Cochabamba, los puntos de bloqueo continúan activos. Kilómetros de vehículos paralizados en las carreteras, ambulancias sin paso y miles de viajeros atrapados son el reflejo visible de un conflicto que sigue escalando.
