MÉXICO, 5 may (Xinhua) -- Las relaciones entre México y Estados Unidos viven una etapa de tensión creciente desde que comenzó el segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump, marcada por propuestas y acciones unilaterales desde Washington. Esto ha obligado al Gobierno mexicano a seguir cooperando con su principal socio comercial, pero sin ceder un ápice de soberanía nacional.
Trump respondió el domingo a las revelaciones de Claudia Sheinbaum, presidenta mexicana, sobre su ofrecimiento de enviar tropas estadounidenses para combatir el narcotráfico en México. Sheinbaum, quien rechazó la propuesta hecha el 16 de abril, declaró el sábado que la soberanía del país es inviolable.
"Se puede colaborar, trabajar juntos (...), pero nunca vamos a aceptar la presencia del Ejército de Estados Unidos en nuestro territorio", zanjó la presidenta mexicana.
Trump, que reconoció el ofrecimiento, acusó a Sheinbaum de "tener miedo" a los cárteles.
Desde febrero, tras declarar formalmente a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, Estados Unidos se reservó el derecho de intervenir militarmente en territorio mexicano, haciendo que Sheinbaum propusiera una reforma constitucional para blindar la soberanía del país. La iniciativa, entre otras medidas, contempla mecanismos legales para prohibir el despliegue de fuerzas extranjeras.
"Lo que queremos dejar claro, frente a esta designación, es que nosotros no negociamos la soberanía. Esta no puede ser una oportunidad por parte de Estados Unidos para invadir nuestra soberanía", declaró Sheinbaum por aquel entonces, añadiendo que la lucha contra el narcotráfico es responsabilidad exclusiva de las instituciones mexicanas.
Previamente, la Administración Trump había reactivado el controvertido programa "Quédate en México", vigente durante gran parte de su primer mandato. Este plan establece que cualquier solicitante de asilo debe esperar en territorio mexicano mientras se resuelve su situación migratoria para ingresar a Estados Unidos.
El Gobierno mexicano ha reiterado su desacuerdo con esta política estadounidense de "tercer país seguro", denunciando que añade una presión adicional sobre las ciudades fronterizas mexicanas, sometidas a una presión humanitaria creciente por la crisis migratoria de los últimos años.
Las tensiones bilaterales también se han hecho patentes en el plano comercial. En marzo, Trump impuso aranceles del 25 por ciento a productos mexicanos que no están protegidos por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), justificando la medida como una forma de presión contra el país vecino para lograr más avances en temas de seguridad e inmigración.
La acción rompió con décadas de cooperación económica fluida entre ambos países e introdujo un elemento de incertidumbre en sectores clave como el automotriz, agroindustrial o tecnológico.
Washington, además, ha intensificado las deportaciones de migrantes mexicanos y otras nacionalidades a México y otros países latinoamericanos sin acuerdos bilaterales específicos.
Estas deportaciones han sido duramente criticadas por organizaciones defensoras de derechos humanos, además del propio Gobierno de México, que alerta sobre los riesgos humanitarios y diplomáticos de una política migratoria descoordinada.
Otro punto de fricción se produjo cuando Trump propuso renombrar el golfo de México como "golfo de América", una iniciativa a la que se refirió como "rectificación geopolítica", si bien carecería de validez jurídica fuera de Estados Unidos. "Para México y para el mundo, seguirá siendo el Golfo de México", confrontó Sheinbaum.
Sin embargo, pese a las tensiones, el Gobierno mexicano ha optado por no escalar los desencuentros. La Cancillería mantiene una política de diálogo firme y respetuoso, reafirmando al mismo tiempo su voluntad de colaborar en todos los ámbitos posibles, pero siempre que se respete la soberanía nacional de México.
